El TSXG anula el informe ambiental que impedía la explotación de la Mina de Touro y critica la actuación de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. Agencias –

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG ha dejado sin efecto la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y, en consecuencia, la denegación administrativa que impidió en su día a Cobre San Rafael explotar la mina de Touro y ha criticado la actuación de la Xunta en este proyecto –iniciado en 2017 y que tuvo resolución autonómica negativa en 2021–, afeando que no diese «trámite de audiencia» a la promotora, negándole «la última palabra» en el proceso.

El fallo recoge que, tras la recepción de los informes de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y Augas de Galicia, en diciembre de 2019, la Administración «procedió a dictar la DIA desfavorable sin otorgar el preceptivo trámite de audiencia de 15 días», algo que privó al promotor «de la última palabra ante un escenario de cierre del proyecto».

En esta situación, añade, el promotor «presentó motu propio un documento técnico para rebatir las conclusiones» de la Dirección Xeral, pero la Administración «ignoró este documento en la redacción del DIA, incurriendo en una incongruencia omisiva que vicia el acto», ya que «está obligada a valorar todas las alegaciones y pruebas aportadas antes de resolver».

«La Resolución que termina el procedimiento sustantivo no dedica ni un solo renglón a explicar por qué este documento respuesta de la actora no se tuvo en cuenta», añade el fallo, que también critica que la DIA «utilice el informe de Aguas de Galicia como sustento negativo» cuando éste «no se opuso al proyecto, si no que difirió el detalle técnico a la fase del proyecto definitivo, lo cual es compatible con una DIA condicionada».

En todo caso, el punto más subrayado por el TSXG es la falta de oportunidad que tuvo Cobre San Rafael de rebatir la negativa, «la falta de careo técnico entre la postura del promotor y el sectorial», lo que «evidencia una delegación de competencias inadmisible en el órgano ambiental».

«Al mostrar la Administración una actitud hermética, ignorando las respuestas técnicas del promotor, quiebra el deber de diligencia y el principio de proporcionalidad. La resolución por sorpresa, basada en informes que nunca fueron puestos en contradicción efectiva con el promotor, genera una inseguridad jurídica incompatible con el Estado de Derecho», señala.

Con ello, determina que dictar una DIA «basada en un expediente incompleto, ignorando deliberadamente la documentación que intentaba completarlo, constituye un vicio procedimental insubsanable» y exige que se anule anto este dictamen como la resolución negativa consecuente, retrotrayendo el proceso hasta el momento previo al dictado del DIA.

LA EMPRESA NO CONTINUARÁ ESE PROCESO

A pesar de este aval judicial, Cobre San Rafael ha aclarado que no retomará el proyecto denegado en su día por la Xunta, dado que ya trabaja en el nuevo proyecto que está desarrollando en Touro, declarado Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por la Xunta en 2024.

«Este proyecto aplica las mejoras técnicas disponibles actualmente e incorpora mejoras con respecto al proyecto del año 2017, al incrementar las medidas de protección ambiental y garantizar el máximo respeto al medio natural y al entorno», ha explicado la compañía a través de un comunicado.

A pesar de que este fallo «reafirma la solidez de la actuación de la compañía durante toda la tramitación del proyecto de 2017», Cobre San Rafael «desea mirar hacia le futuro y pretende renunciar a las vías administrativas y judiciales relativas al procedimiento de aprobación del proyecto anterior», al «entender que el proyecto que actualmente está en tramitación presenta aún mayores aspectos positivos para la población y para el medio ambiente, así como para la actividad económica y la creación de empleo en Galicia».

LA XUNTA ACATA LA DECISIÓN

Preguntado acerca de esta cuestión, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que el Gobierno gallego «acata siempre» el pronunciamiento de los tribunales, que «son los que tienen la última palabra». «Yo no voy a discutir lo que digan los tribunales», ha añadido, «si no estamos de acuerdo, recurriremos».

El jefe del Ejecutivo gallego, a preguntas de los medios, ha garantizado que «la intención de la Xunta de Galicia es siempre cumplir la normativa» y ha asegurado que «ningún proyecto que no cumple estrictamente la normativa, podrá ir adelante» en Galicia.

En consecuencia, se ha referido al proyecto actual para la mina de Touro, aún en tramitación, y para el que la Xunta «será estricta en el cumplimiento de la normativa». «Igual que lo hemos sido hasta ahora, si un tribunal opina que no, pues lógicamente los tribunales tienen la última palabra», ha zanjado.

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