El CERMI advierte del aumento de discursos de odio, polarización social y política y pide control ante la discriminación
MADRID, 30 Abr. Diario Dia –
El CERMI ha advertido sobre el aumento de los discursos de odio y la polarización social y política y ha defendido «la necesidad de fortalecer los mecanismos democráticos de vigilancia, control y respuesta frente a las expresiones de discriminación contra las personas con discapacidad».
Así lo ha puesto de manifiesto este jueves en la presentación del Informe ‘España 2025 sobre Derechos Humanos y Discapacidad’, una radiografía anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, que la entidad elabora de forma ininterrumpida desde 2008.
En concreto, recoge 145 denuncias por vulneraciones de derechos, 69 propuestas de mejora y 36 avances registrados durante el año 2025, con especial atención a ámbitos como la accesibilidad universal, la educación inclusiva, el empleo, la salud, la protección frente a la violencia, la igualdad territorial y la participación social.
En la presentación, el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI, Gregorio Saravia, ha destacado que el informe muestra «un buen estado de salud del movimiento social de la discapacidad en su fase propositiva», ya que no solo identifica déficits, sino que plantea «soluciones concretas para avanzar en la garantía real de los derechos».
También ha subrayado que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo Día Nacional se conmemora en España cada 3 de mayo, es «una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro». A su juicio, este tratado internacional «marcó un hito histórico» y señala el horizonte de las políticas públicas inclusivas.
En el acto, la presidenta de CERMI Andalucía y patrona de la Fundación CERMI Mujeres, Marta Castillo, ha destacado la situación de las mujeres y niñas con discapacidad y ha avisado de que «la combinación de género y discapacidad sigue generando barreras añadidas» en el acceso a la educación, el empleo, la autonomía económica, la participación social y los sistemas de protección.
Asimismo, Castillo ha reclamado una ley integral de reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas o no consentidas, una macroencuesta estatal sobre violencia contra mujeres con discapacidad, datos estadísticos desagregados, accesibilidad universal, formación especializada y un refuerzo presupuestario suficiente para convertir los derechos en realidades efectivas.
MECANISMOS DE SANCIÓN ANTE INCUMPLIMIENTOS
Por su parte, la responsable de la Oficina de Defensa de Derechos de Impulsa Igualdad, Jara Sánchez, ha alertado de que «el incumplimiento más sofisticado no siempre consiste en negar expresamente un derecho, muchas veces consiste en reconocerlo, pero sin hacerlo utilizable». En este sentido, ha solicitado mecanismos de supervisión, sanción y rendición de cuentas ante los incumplimientos.
También ha incidido en que la accesibilidad debe entenderse como «una infraestructura básica de ciudadanía», no como una cuestión «meramente técnica», ya que, según Sánchez, condiciona el ejercicio de derechos fundamentales como estudiar, trabajar, acudir a una consulta médica, acceder a una vivienda o participar en la vida pública.
Mientras, la delegada de la Fundación ‘La Caixa’ en la Comunidad de Madrid, Laura Llapart, ha reafirmado el compromiso de la entidad con este informe, al que apoya desde 2016, y ha recordado que la Fundación impulsa programas de inserción sociolaboral y proyectos sociales dirigidos a personas con discapacidad, también en el medio rural y con perspectiva de género.
Finalmente, CERMI ha destacado que España cuenta con un marco legislativo «avanzado», pero ha añadido que mantiene «una deuda pendiente en su cumplimiento efectivo». Por ello, ha reclamado a los poderes públicos «que pasen del reconocimiento formal de derechos a su garantía plena, con recursos, controles y consecuencias ante los incumplimientos, porque los derechos humanos de las personas con discapacidad no pueden depender del esfuerzo individual, del código postal ni de la capacidad económica de cada persona o familia».
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