El PP pide al Gobierno la respuesta de la UE sobre la regularización y los informes policiales sobre posibles fraudes
MADRID 29 Abr. –
El PP ha solicitado un amplio paquete de documentación e informes relacionados con el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, en el marco de los trabajos de la Ponencia de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso. Entre las peticiones de los ‘populares’ se encuentra la respuesta de la Unión Europea sobre el procedimiento y los informes policiales sobre posibles fraudes.
En este sentido, según el documento al que ha tenido acceso Agencias, el PP pide conocer la posición y las comunicaciones de la Unión Europea sobre esta medida, así como aclaraciones sobre el encaje del proceso en el Pacto de Migración y Asilo y el espacio Schengen. En particular, solicita detalles sobre las respuestas de la Comisión Europea y la aparente falta de notificación oficial previa de España, según afirmaciones recientes de responsables comunitarios.
El grupo parlamentario también exige al Ejecutivo la entrega de informes policiales y de inteligencia sobre posibles riesgos asociados al proceso de regularización. Entre ellos se incluyen análisis del CITCO, de la Policía Nacional y de unidades especializadas en extranjería, centrados en la detección de fraudes documentales, redes de trata de seres humanos y posibles usos «indebidos» de procedimientos administrativos masivos.
Asimismo, el PP solicita información sobre la capacidad operativa de las unidades policiales y administrativas encargadas de gestionar el proceso, así como sobre el impacto que podría tener en otras funciones de seguridad, como la lucha contra el crimen organizado o la gestión de expulsiones.
La petición incluye también datos sobre estimaciones del número de beneficiarios potenciales, la distribución territorial de los expedientes, y la previsión de carga de trabajo para las oficinas de extranjería. Además, reclama informes de organismos de control como la AIReF, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, para evaluar el impacto económico, administrativo y social de la medida.
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