Universidades por la pública convoca este miércoles protestas en cinco provincias contra la «ofensiva mercantilista»

SEVILLA 28 Abr. (Agencias) –

La nueva red Universidades andaluzas por la pública, impulsada por organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales, ha convocado para este miércoles protestas en cinco provinci.as andaluzas para alertar de la «ofensiva mercantilista que sufre el sistema universitario» y reclamar «el blindaje inmediato del 1% del PIB para las universidades públicas como un mínimo irrenunciable para garantizar la calidad que Andalucía merece».

En el manifiesto de cara a las concentraciones, la red sostiene que la universidad pública andaluza «se encuentra en una encrucijada definitiva». «Frente a la ofensiva mercantilista que pretende transformar el conocimiento en negocio y el estudio en un privilegio de clase, surge una respuesta colectiva e innegociable. Afirmamos que la educación superior es un derecho universal, el motor de igualdad y el pilar sobre el que se asienta una democracia real. Nos unimos en una sola voz para defender la universidad pública y organizarnos colectivamente en su defensa», recoge el manifiesto.

Las concentraciones tendrán lugar en Cádiz (en el campus de Puerto Real a las 12,00 horas); en Granada (Delegación de Educación, a las 19,00 horas); en Jaén (Plaza de las Batallas, a las 19,30 horas); en Málaga (Facultad de Ciencias de la Educación, a las 11,00 horas) y en Sevilla (Rectorado de la Universidad de Sevilla, a las 12,00 horas).

Entre las «exigencias» a la Junta de Andalucía, la plataforma reclama el «blindaje» del PIB para la financiación de las universidades públicas y el «fin» de las «trabas económicas que expulsan al estudiantado». «La univesidad no puede ser una criba de renta. Exigimos el blindaje de la bonificación del 99% y la gratuidad total (formación y examen) del B2 para la obtención del título. El derecho a la educación no puede depender de la cuenta corriente de las familias».

La plataforma insiste en rechazar un «modelo de mercantilización y el trasvase de fondos a la privada» que, según sus palabras, «impulsa la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA)». «Denunciamos que se obligue a las universidades públicas a financiarse con recursos propios de, como mínimo, entre ek 25 y el 30%, mientras las privadas proliferan con recursos públicas. Exigimos una financiación 100% pública y soberana, y nos oponemos a la participación de universidades privadas en órganos como el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria».

Estas protestas llegan después de que el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) haya respaldado con el voto favorable de nueve rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén (UJA), la propuesta de la Junta de distribución de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas para este año 2026, que se cuantifica en un total de 1.825,7 millones de euros (1.788 millones del Presupuesto de este año y 37,5 millones adicionales para pagar complementos autonómicos de 2024 y carrera horizontal del PDI y PTGAS).

De los 1.825,7 millones de euros que se reparten, 1.669,01 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 112,64 millones se corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.

De igual modo, está englobado en la cantidad total un aporte de 6,57 millones de euros consolidables destinado a la nivelación. En este ejercicio, se ha determinado que esos recursos tengan como destino la Universidad de Granada (UGR), que recibirá 2,01 millones de euros y, especialmente, la de Málaga (UMA), a la que se transferirán por este concepto 4,55 millones de euros.

A todas esas cifras se añade una cuantía de 21,5 millones consignada para atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el pasado 8 de abril de 2025 y que implican el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y 2027) de los complementos salariales, tanto del personal docente e investigador (PDI), como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS)

Además, el modelo incluye otros 16 millones consolidables para el refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario, por lo que ambas cantidades suman un montante de 37,5 millones adicionales. Estos 16 millones son los que prometió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para digitalización de los campus y que, finalmente, las universidades podrán usar en aquello que consideren más oportuno.

Con independencia de la tramitación administrativa que debe seguir cada año la orden de distribución de recursos del modelo hasta su aprobación definitiva, los diez campus públicos reciben mensualmente transferencias de la Administración autonómica en el marco de este instrumento de financiación que se reajustan atendiendo a las partidas finales acordadas para cada uno de ellos.

Una comisión técnica integrada por la Consejería de Universidad, en coordinación con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y por los rectores, se encargará de evaluar los criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario (capítulo 1). Con esta medida se pretende alcanzar «un marco financiero equilibrado y sostenible» en el que las universidades, en colaboración con la comunidad, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado.

Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios. También este órgano técnico estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos.

Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.

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