La principal organización de preservación histórica de EEUU mantiene su demanda contra la reforma de la Casa Blanca
MADRID 27 Abr. Diario Dia –
La Fundación Nacional para la Conservación del Patrimonio Histórico, el grupo que ha demandado a la Casa Blanca por el proyecto de salón de baile del presidente Donald Trump, ha asegurado este lunes que seguirá adelante con su demanda, después de que el Departamento de Justicia instara en la víspera a su retirada tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales.
«No tenemos previsto retirar voluntariamente nuestra demanda, que no pone en peligro a nadie y que solicita respetuosamente a la Administración que cumpla con la ley», ha indicado la presidenta y directora ejecutiva de la organización, Carol Quillen, en un comunicado difundido en redes sociales.
Quillen, que ha manifestado su agradecimiento al Servicio Secreto y demás agentes de Washington por «velar por la seguridad» tanto del mandatario como del resto de asistentes a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, ha defendido que la construcción del salón de baile «requiere legalmente la aprobación del Congreso, que la Administración podría solicitar en cualquier momento».
Al hilo, ha recordado que las obras continúan ·sin interrupción hasta el 5 de junio como mínimo, debido a que la orden judicial está suspendida».
Sus declaraciones llegan un día después de que el Departamento de Justicia haya instado a la Fundación Nacional para la Conservación del Patrimonio Histórico a retirar «voluntariamente» la demanda, que ha calificado de «infundada», alegando que «pone en grave riesgo la vida del presidente, su familia y su personal».
«Espero que el incidente de ayer (sábado), en el que estuvo a punto de ser asesinado, le ayude a comprender la insensatez de una demanda que, literalmente, no tiene otro propósito que detener al presidente Trump a cualquier precio», apuntó el fiscal general interino, Todd Blanche, en una carta dirigida al abogado de la fundación denunciante, Greg Craig.
Blanche advirtió además al letrado de que «si su cliente no retira la demanda antes de las 9.00 de la mañana del lunes (hora local), el Gobierno solicitará que se revoque la medida cautelar y se desestime el caso, a la luz de los extraordinarios acontecimientos de anoche». «Si no recibimos respuesta suya antes de las 9.00 de la mañana del lunes, daremos por entendida su oposición», apostilló.
El propio Donald Trump ha aprovechado el tiroteo del sábado en la sede presidencial para reivindicar la construcción inmediata del monumental proyecto que pretende inaugurar antes del final de su segundo mandato, en 2029, con un coste estimado de entre 170 y 350 millones de dólares (145 a 298 millones de euros), según estimaciones de la propia Administración Trump, que han variado con el paso del tiempo.
Trump concibe la estructura como una especie de sala de recepción acorazada de 8.200 metros cuadrados, cuyo coste será asumido por mecenas del presidente, como la adinerada familia Adelson, y grandes tecnológicas como Google o Amazon. Sin embargo, el juez de distrito federal Richard Leon volvió a frenar su construcción hace semana y media, y acusó a la Administración de intentar regatear los dictámenes que había emitido previamente en contra del proyecto.
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