Mujeres Juristas Themis muestra «preocupación» tras las palabras sobre violencia de género del juez instructor del exDAO

MADRID, 24 Abr. (Agencias) –

La Asociación de Mujeres Juristas Themis ha expresado su «preocupación» ante las declaraciones sobre violencia de género del magistrado David Yehiel Maman Benchimol, juez que investiga la denuncia interpuesta contra José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por agresión sexual contra una subordinada.

Los hechos se remontan a febrero de 2026, cuando el magistrado realizó diversas afirmaciones durante un acto formativo en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, posteriormente difundidas en un vídeo por La Sexta este miércoles 22 de abril.

En este sentido, Themis ha recordado que en las declaraciones se «cuestiona» a las madres que denuncian violencia de género, se «minimiza» el impacto de esta violencia en sus hijos y se recurre a ideas como «el supuesto ‘lavado de cerebro'».

«La Asociación considera que este tipo de planteamientos reproducen estereotipos sobre las mujeres víctimas de violencia de género, deslegitiman su palabra y pueden incidir en la toma de decisiones judiciales, con consecuencias directas en su protección y en la de sus hijos e hijas», ha apuntado.

Asimismo, Themis ha advertido de que incorporan ideas como el denominado «síndrome de alienación parental» (SAP), una teoría, según la asociación, «sin base científica ni reconocimiento institucional, ampliamente cuestionada por la comunidad científica y por organismos internacionales, cuyo uso en el ámbito judicial ha sido señalado por su potencial para generar situaciones de desprotección, especialmente cuando se utiliza para desacreditar denuncias de violencia de género».

De la misma manera, ha explicado que el ordenamiento jurídico español reconoce que las personas menores de edad «son también víctimas de la violencia de género», tal y como establece la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

En esta línea, ha recalcado que «la exposición de las personas menores de edad a la violencia de género no constituye una realidad ajena o secundaria, sino una manifestación directa de la misma, con consecuencias acreditadas en su desarrollo emocional, psicológico y social». Por ello, ha señalado que «debe ser tenida en cuenta de forma prioritaria en cualquier decisión que afecte a su protección y bienestar».

Para Themis, en el ámbito civil, el interés superior del menor (principio rector del Código Civil español) «debe guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia, evitando situaciones que puedan comprometer su seguridad o bienestar».

Además, ha añadido que la normativa vigente contempla la limitación o suspensión del régimen de visitas cuando existan indicios de violencia de género, «con el fin de prevenir riesgos y garantizar una protección efectiva».

DECISIONES ALEJADAS DE «ESTEREOTIPOS O PREJUICIOS»

Del mismo modo, ha pedido la «correcta aplicación» de este marco jurídico y ha exigido que las decisiones judiciales se adopten desde una perspectiva de género y de infancia, «basada en la evidencia y alejada de estereotipos o prejuicios».

Igualmente, ha destacado que «la violencia de género constituye una vulneración de los derechos humanos de las mujeres», motivo por el que la asociación considera que «su abordaje exige una respuesta institucional acorde con los estándares nacionales e internacionales de protección».

También ha precisado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en su renovación de 2025, «refuerza la necesidad de incorporar de manera efectiva la perspectiva de género en la actuación de todos los operadores jurídicos, así como de garantizar la adecuada protección de las mujeres y de sus hijos e hijas en todos los ámbitos, incluido el judicial».

La asociación también ve «necesario» reforzar la formación especializada, «continua y efectiva» de todas las personas operadoras jurídicas en materia de violencia de género y protección de la infancia. «Esta formación resulta imprescindible para garantizar una adecuada valoración de los riesgos, evitar interpretaciones basadas en estereotipos y asegurar una respuesta judicial acorde con el marco legal vigente», ha afirmado.

En este contexto, Themis ha instado a las instituciones competentes, entre ellas el Consejo General del Poder Judicial, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y el Consejo General de la Abogacía Española, «a adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta aplicación del marco jurídico en materia de violencia de género, reforzar la formación especializada con perspectiva de género y asegurar una protección efectiva de las mujeres y de las personas menores de edad».

«Este tipo de discursos se sustentan, en gran medida, en mitos y estereotipos sobre la violencia de género y sobre las mujeres que denuncian, como la idea de que actúan de forma instrumental o que influyen de manera indebida en sus hijos e hijas. Estos planteamientos, ampliamente cuestionados, no solo distorsionan la valoración de los hechos, sino que pueden comprometer la adecuada aplicación del marco jurídico de protección previsto en nuestro ordenamiento», ha asegurado.

Estos planteamientos, según Themis, están basados «en prejuicios y estereotipos de carácter sexista», que «no pueden ser amparados ni reproducidos en el ámbito institucional, ya que contribuyen a perpetuar creencias contrarias al principio de igualdad y al enfoque de derechos humanos». «Este tipo de actitudes puede generar desconfianza en el sistema judicial, cuya función es, precisamente, garantizar su protección», ha indicado.

También ha puesto de manifiesto que la protección de las mujeres y de los menores de edad «no puede verse condicionada por planteamientos que cuestionen de forma generalizada a quienes denuncian o que introduzcan teorías carentes de respaldo científico».

PLANTEAMIENTOS «CARENTES DE BASE CIENTÍFICA»

La asociación ha advertido de que «no puede permitirse que, en el ámbito judicial, se reproduzcan discursos que cuestionen de forma sistemática a las mujeres que denuncian violencia de género o que minimicen sus efectos». «Tampoco puede admitirse la incorporación en la toma de decisiones de planteamientos carentes de base científica que puedan comprometer la protección de las víctimas y de las personas menores de edad», ha añadido.

Finalmente, ha reclamado a la justicia que actúe «como una garantía efectiva de los derechos de las mujeres y de la infancia, en el marco de los derechos humanos, asegurando decisiones fundadas en el ordenamiento jurídico vigente, en la evidencia y en la protección de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad».

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