ONG piden ser habilitadas para acreditar situaciones de vulnerabilidad en el acceso a medidas del plan de vivienda

MADRID 21 Abr. (Agencias) –

Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Plena Inclusión y Provivienda han lanzado la Alianza por la Vivienda Inclusiva para contribuir a que el diseño e implementación de las políticas de vivienda, tanto a nivel estatal como autonómico, sean «accesibles e inclusivas» para toda la ciudadanía, especialmente para aquellas personas en situaciones de vulnerabilidad o exclusión, y entre otras propuestas, piden ser habilitadas para acreditar situaciones de vulnerabilidad en el acceso a medidas del plan de vivienda.

Según han informado las ONG en un comunicado, el principal motor de esta alianza ha sido la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (PEV) que «movilizará, a través de las comunidades autónomas, más de 7.000 millones de euros hasta 2030» y en cuya elaboración han participado realizando «aportaciones técnicas de mejora».

Las entidades indican que uno de los ámbitos prioritarios será la necesidad de establecer «conceptos claros y homogéneos» en las políticas de vivienda, que fijen «estándares mínimos». Por ejemplo, advierten de que «la falta de claridad» en la definición y la acreditación de la vulnerabilidad, ha convertido este concepto en muchas ocasiones en «un cajón de sastre» que da lugar a «criterios incoherentes y excluyentes».

«Las entidades sociales podemos colaborar activamente en que el PEV sea efectivamente inclusivo. Proponemos que se habilite a las entidades sociales para la acreditación de las situaciones de vulnerabilidad que dan acceso prioritario a las medidas del PEV. Esta medida ha sido usada con éxito en otros ámbitos como en el reciente proceso de regularización de emigrantes o en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital y asegura agilidad y la capacidad para llegar a las personas desconectadas del sistema público de Servicios Sociales por razón de su proceso de exclusión», ha explicado el director general de HOGAR SÍ, José Manuel Caballol.

Otro de los elementos clave, según la alianza, es el «impulso decidido» del parque de vivienda social y asequible. En este ámbito, las organizaciones destacan «el papel fundamental» que deben desempeñar las entidades sociales proveedoras de vivienda, una figura que, según destacan, «por primera vez queda reconocida en el marco del propio Plan Estatal».

VIVIENDAS A DISPOSICIÓN DE LAS ONG

Las entidades reclaman además que la ampliación del parque de vivienda asequible «contemple de forma explícita» la puesta a disposición de viviendas para entidades con proyectos sociales acreditados y subrayan la importancia de garantizar la protección permanente de las viviendas financiadas con fondos públicos, «evitando que, una vez finalizados los plazos mínimos legales, estas salgan del parque social o asequible».

«No podemos permitirnos repetir la descapitalización del parque público que ya vivimos en el pasado cuando expiraron los plazos de protección», ha señalado la codirectora de Provivienda Gema Gallardo.

A su vez, la alianza pide que las actuaciones del Plan contemplen de manera «específica» a las personas que actualmente reciben atención en programas, como los de atención a la discapacidad o los recursos de atención al sinhogarismo, facilitando itinerarios reales hacia una vida autónoma en la comunidad.

Asimismo, proponen establecer protocolos de actuación en los realojos que incluyan criterios de dispersión territorial y eviten una nueva concentración, garantizando siempre el acompañamiento social.

«Este Plan debe incorporar a una parte de la ciudadanía invisibilizada tradicionalmente de las políticas de vivienda debido a las barreras que encuentra para su emancipación por falta de apoyos, medidas de accesibilidad y acompañamiento a lo largo de la vida. Efectivamente, los datos manifiestan que son las que más sufren los procesos de institucionalización, como las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo», ha precisado el director de Plena Inclusión, Enrique Galván.

REUNIÓN CON LA MINISTRA DE VIVIENDA

Las cuatro organizaciones han informado de que están ultimando un documento conjunto de recomendaciones para el despliegue del Plan y han solicitado una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, como primer paso de una ronda de contactos que quieren extender a las comunidades autónomas y a las principales fuerzas políticas

La alianza también pretende combatir «enfoques estigmatizantes» que dificultan el acceso a la vivienda ya que aseguran que las distintas formas de discriminación siguen siendo una de las «principales barreras» para acceder a una vivienda.

«La discriminación por origen étnico o racial es una realidad que afecta a muchas personas gitanas o migrantes cuando quieren alquilar una casa; es una barrera estructural en el acceso a una vivienda», ha señalado la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez.

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