Expertas de la ONU exigen investigación completa del caso Epstein
GINEBRA – Expertas de las Naciones Unidas en derechos humanos exigieron una investigación “completa y transparente” sobre la trata de jóvenes y niñas, con fines de explotación sexual, reveladas en los Archivos de Epstein en Estados Unidos.
Las acusaciones del “Expediente Epstein” implican a altos cargos políticos, figuras públicas, diplomáticos, líderes empresariales mundiales y destacados académicos, y presentan pruebas impactantes del tráfico de niñas y mujeres jóvenes a través de múltiples fronteras internacionales, señalaron las expertas en una declaración.
Jeffrey Epstein (1953-2019) fue un financiero estadounidense, reconocido como abusador sexual y tratante de menores, tejió una red de prostitución al servicio de prominentes figuras públicas, y murió posiblemente por suicidio mientras esperaba en la cárcel un segundo juicio por algunos de sus delitos.
Su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, fue condenada en 2022 a 20 años de prisión por su papel en la red, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado miles de páginas de documentos relacionados con el caso, revelando detalles sobre los asociados de la red y sobre las víctimas.
Las investigaciones han revelado vínculos, relaciones o encuentros de Epstein con políticos, celebridades y empresarios de alto perfil, incluyendo al presidente estadounidense Donald Trump, al expresidente Bill Clinton (1993-2001) y al príncipe Andrés del Reino Unido.
La vasta colección de documentos, fotografías, registros de vuelos y de fiestas en mansiones y en la isla propiedad de Epstein en el Caribe, ha sido objeto de importantes debates jurídicos y políticos dentro y fuera de Estados Unidos.
Describen una trata generalizada de niñas y jóvenes a través de múltiples fronteras internacionales durante varias décadas.
Las expertas de la ONU, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la organización mundial con sede en esta ciudad suiza de Ginebra, emitieron su declaración justo cuando la atención sobre el caso parece desvanecerse mientras se vuelca hacia los conflictos armados en varias regiones del planeta.
“Ante la menguante atención internacional, recordamos la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y supervivientes, incluida la prestación de asistencia jurídica, y la obligación de asegurar que las sanciones sean proporcionales, disuasorias y efectivas”, dijeron las expoertas.
Ellas son Siobhán Mullally, relatora sobre la trata de personas, y el Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, que integran Claudia Flores (presidenta), Ivana Krstić, Dorothy Estrada Tanck, Haina Lu y Laura Nyirinkindi.
Recordaron que la trata de niños y jóvenes constituye un delito penal grave, así como una flagrante violación de los derechos humanos.
Observaron que el caso Epstein “pone de relieve la discriminación y la violencia profundamente arraigadas inherentes a los sistemas de poder patriarcales, así como las deficiencias en materia de rendición de cuentas”.
“Las faltas de rendición de cuentas en casos de violencia de género y trata de mujeres y niñas no son meras fallas del sistema de justicia penal; reflejan y refuerzan la discriminación estructural que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe expresamente”, señalaron las expertas.
En su declaración asentaron que “las víctimas y sobrevivientes deben ser el eje central de las respuestas eficaces, sensibles al trauma y al género, ante la trata de personas. Deben tener garantizada la asistencia médica, incluidos los servicios de salud reproductiva y sexual, la asistencia psicosocial y medidas de inclusión social”.
A modo de advertencia acerca de que la acción de la justicia quede nublada por el escándalo, señalaron que “debemos ir más allá de la mera información periodística y pasar a la acción efectiva, la rendición de cuentas y las medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia”.
Con la publicación masiva de documentos aún incompleta, el caso Epstein está en una fase de revisión judicial y política del material divulgado.
En los próximos meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos debería volver a publicar los archivos retirados tras corregir deficiencias de privacidad, mientras comisiones del Congreso de ese país evalúan posibles responsabilidades penales o encubrimientos.
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