Catalá afirma que va a ser «colaboradora muy activa» con el fiscal y pide un informe sobre procesos selectivos

   VALÈNCIA, 15 Abr. (Agencias) –

   La alcaldesa de València, Marúa José Catalá, ha recalcado, sobre la investigación abierta por Fiscalía Anticorrupción por una denuncia por supuesta prevaricación, que va a ser una «colaboradora muy activa» con el ministerio público, al tiempo que ha avanzado que ha solicitado un informe a la Secretaría Municipal sobre los procesos selectivos a los al final accedió una sola persona.

   Todo ello, ha apostillado, con el objetivo de que le «acrediten» que fue un procedimiento «reglado», aunque ha defendido que ella ya es «conocedora de que fue un proceso habitual y normal».

   Así lo ha aseverado la primera edil, en declaraciones a los medios, depués de que la Fiscalía Anticorrupción haya abierto diligencias de investigación contra la propia alcaldesa y la presidenta del Puerto, Mar Chao, por presunta prevaricación, en relación con la supuesta «recolocación» de personal público «a dedo», que afecta también a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y a cuatro trabajadores públicos.

   Además, Compromís y PSPV han solicitado al fiscal que investigue también al concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano, tras la publicación por el ‘diario.es’ de la transcripción de unos audios. Según afirma este medio, en esas conversaciones el edil invita a los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 a presentarse a convocatorias de empleo público antes de que el ente se extinguiera para reubicarlos.

   Para Catalá, «era evidente que había una voluntad política de toda la corporación de cumplir con uno de los mandatos del Real Decreto que regula los ERE, en este caso un expediente de regulación por la disolución del Valencia 2007», en el que el Ayuntamiento participaba al 20% y el resto era el Estado. «Y, por tanto, no podíamos realizar nada más allá de lo que dijera la ley», ha resaltado.

   La alcaldesa ha acusado a Compromís y PSPV de «pedir una recolocación a dedo directamente de estas personas sin ningún tipo de proceso selectivo», algo que a lo que el PP –ha remarcado– se negó.

   Y ha defendido que las palabras del concejar Marí Olano reflejan «lo mismo» que las pronunciadas por Ferran Puchades (Compromís) o Javier Mateo (PSPV) en el pleno municipal del año 2024, donde decían «literal y textualmente» que se podía trabajar «en la recolocación de esos 11 trabajadores en las entidades públicas dependientes del Ayuntamiento de Valencia» o que se podía «ser capaces entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de poder encontrar lugar para estas personas».

   «Las palabras de Pepe Marí me parecen igual de graves o igual de menos graves que las palabras de Puchades y Mateo», ha dicho la representante ‘popular’, que ha insistido en que había «una voluntad polótica de intentar que estas personas afectadas por un ERE por la liquidación de un consorcio intentarán mantener su condición de empleados públicos siempre en el paraguas de la forma legal oportuna».

   El actual equipp de gobierno, ha continuado, hizo «procedimientos totalmente transparentes». Igualmente, ha subrayado que «lo más importante de todo esto es que aportemos todos, que nosotros lo vamos a hacer, además creo que lo vamos a hacer de forma bastante afanada». «Le vamos a aportar a la Fiscalía toda la información y documentación, vamos a colaborar activamente en esta cuestión porque, como entenderán, soy la primera interesada en que todas las cuestiones que puedan generar dudas a la ciudadanía se disipen», ha aseverado.

   En la misma línea, ha enmarcado en la normalidad la reunión que mantuvo Marñi Olano con sindicatos y trabajadores «para ver la situación que se iba a generar en el momento de la liquidación del consorcio», al igual que entiende que también mantuvieron encuentros con on el Partido Socialista y Compromís.

   Además, ha argumentado que no es «un buen ejemplo o antecedente que una administración pública, tras un expediente de regulación de empleo por la liquidación de una entidad de derecho público, no haga lo posible porque esos empleados mantengan su puesto de trabajo».

«ANSIOSA» POR FACILITAR INFORMACIÓN

   Catala ha indicado que la Fiscalía, de momento, no ha solicitado al consistorio ninguna documentación y se ha mostrado «especialmente ansiosa» de que lo haga para poder remitir toda la documentación que obra en su poder.

   «Ha empezado la campaña electoral y creo, sinceramente, que si Compromís ha decidido que la campaña electoral empiece en la Fiscalía, pues vale», ha reprochado, al tiempo que ha instado a Compromís a aportar el acta de su moción sobre los trabajadores. «Y si no lo aportan ellos, posiblemente lo aporte yo», ha advertido.

   Por otra parte, la alcaldesa ha aludido a un caso concreto de un administrativo que accedió a una fundación «a través de un concurso-posición que previamente era empleado público y que pasó ese concurso-posición con un tribunal constituido, con las bases establecidas y con el procedimiento». «Es más, ese empleado público que accedió a esa plaza ni siquiera es uno de los empleados señalados en la dichosa acta notarial de la que ustedes se hacen eco», ha apuntado a los periodistas.

   Preguntada sobre si vaa realizar «algún un tipo de investigación interna», ha informado de que, por supuesto, ha solicitado a la Secretaría Municipal un informe, aunque ha vuelto a reivindicar «el buen hacer en este ayuntamiento».

   El informe versará «sobre lo que compete a mi administración, porque ustedes entenderán que yo puedo hacerme cargo de mi administración». «Hay quien quiere hacerme responsable de otras administraciones, pero de momento solo soy la alcaldesa de València. No soy presidenta de la Autoridad Portuaria ni nada por el estilo», ha zanjado.

CL9