Entidades de apoyo a grupos vulnerables piden un Pacto de Estado para blindar la protección frente a discursos de odio
MADRID 13 Abr. Diario Dia –
Entidades y sindicatos de apoyo a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, unificadas en la alianza Pacto Social contra los discursos de odio, han pedido un Pacto de Estado para blindar la protección frente al odio.
«Solo a través de esta herramienta se garantizará una salvaguarda estable y duradera en el tiempo más allá de posibles cambios de gobierno», han afirmado las organizaciones que componen el Pacto Social, liderado por la Federación Estatal LGTBI+ y formado por la Fundación Triángulo, Asociación Chrysallis, CERMI, Fundación ONCE, CESIDA, Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR, HOGAR SÍ, Fundación Secretariado Gitano, Oxfam Intermón, CCOO y UGT.
Así lo han expresado ante el arranque del proceso de negociación con los grupos parlamentarios para la tramitación de esta medida, que se inicia este lunes, a través de un comunicado en el que han subrayado que «es la única figura que posibilitará reformas estructurales y medidas de protección que trasciendan a los ciclos electorales y a los intereses individuales del momento».
«Un Pacto de Estado es el único instrumento que permite establecer protocolos específicos, protección a las víctimas, tipos penales bien definidos, organismos competentes y recursos suficientes, además de una base jurídica para tipificar mejor el odio y sus penas a través del Código Penal», ha expresado el Pacto Social.
La alianza de organizaciones sociales ha recordado además que lleva impulsando esta medida para frenar el odio desde hace más de dos años. Así, tras haber tenido acceso al informe de conclusiones, las entidades han insistido en que no aceptarán «un texto descafeinado, ni una propuesta frágil que pueda derogarse en el próximo ciclo electoral».
El texto preliminar al que ha tenido acceso el Pacto Social y sobre el que se inicia este lunes la tramitación parlamentaria presenta también «otras carencias» según las organizaciones, como la falta de presupuesto asignado, «sin el cual no podrían desarrollarse las medidas contempladas» o la «ausencia de mecanismos» para seguir y evaluar su cumplimiento.
Además, han informado de que tampoco «contempla la inclusión de las personas con discapacidad, la accesibilidad de las medidas recogidas, ni acciones orientadas a la inclusión social de algunos colectivos objeto de los discursos de odio, como las personas migrantes».
No obstante, la alianza ha subrayado que no realizará aportaciones a un texto que «no persiga la aprobación de un Pacto de Estado». «El Pacto Social ya se alcanzó al conformar esta alianza, ahora necesitamos un compromiso parlamentario firme, por lo que cualquier alternativa al Pacto de Estado sería una oportunidad perdida, ya que sería insuficiente para garantizar la seguridad de millones de personas en situación de vulnerabilidad y volvería a dejarlas expuestas al odio y sus consecuencias ante posibles cambios de gobierno», ha aseverado.
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