Honduras debe implementar cambios tras el crimen de activista Berta Cáceres
GINEBRA – Las personas defensoras de derechos humanos en Honduras siguen enfrentando amenazas y el Estado debe implementar su protección como se ha exigido tras el asesinato de Berta Cáceres, planteó nuevamente este viernes 10 la responsable de esa área en el sistema de las Naciones Unidas.
Honduras “debe garantizar medidas de protección colectiva e integral a personas defensoras, que evalúen el riesgo desde una perspectiva de género y contemplen factores estructurales de violencia y criminalización”, dijo la relatora sobre la situación de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor.
Lawlor, quien actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza de Ginebra, señaló “un incremento preocupante de violencia y amenazas contra las personas defensoras recientemente, en particular las defensoras indígenas” en el país centroamericano.
Berta Cáceres era una defensora indígena lenca. Fue asesinada en forma brutal el 2 de marzo de 2016 en su domicilio, en represalia por su labor en defensa de los derechos del pueblo lenca en la comunidad de Río Blanco, frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el oeste de Honduras.
Aunque el sistema de justicia dictó condenas definitivas para los autores materiales del crimen, “no se ha investigado debidamente los autores intelectuales, ni a las personas involucradas en el financiamiento del asesinato”, recordó Lawlor.
En febrero de 2025, por acuerdo entre el Estado hondureño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se creó un Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes para avanzar en la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de Cáceres y delitos conexos.
El 12 de enero de 2026 se publicó su informe final, “en el que concluye que la muerte de Berta Cáceres fue el resultado de una operación criminal planificada, ejecutada mediante una estructura organizada de coparticipación de diversos actores, incluyendo a grupos de sicarios y directivos empresariales”, indicó Lawlor.
El Grupo destacó el contexto de encubrimiento y omisión por parte de agentes estatales y financistas internacionales en relación con el proyecto hidroeléctrico, actualmente detenido.
“El informe final evidencia que Berta Cáceres fue asesinada en un contexto marcado por la violencia estructural hacia las personas defensoras de los derechos indígenas, territoriales y medioambientales que aún persiste en Honduras”, dijo Lawlor.
Consideró que “diez años después del cobarde asesinato de Berta Cáceres, los hallazgos y las recomendaciones del informe final representan un paso fundamental en el camino hacia la justicia y la verdad”.
Esos hallazgos “ponen de manifiesto las brechas sistémicas que persisten en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras, y las causas estructurales de su inseguridad”, señaló la experta de la ONU.
El informe del Grupo contiene recomendaciones de reparación integral, depuración de instituciones, mecanismos nacionales de protección a personas defensoras, sobre derechos territoriales de los pueblos indígenas, y propuestas de cambios en legislación financiera y prevención de la corrupción.
“El Estado tiene la obligación de sancionar, reparar y asegurar las garantías de no repetición, incluso la modificación de estructuras que permiten la continuación de amenazas, hostigamiento y ataques contra las personas defensoras”, insistió Lawlor.
También organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han pedido a las autoridades que revisen las recomendaciones del informe y eliminen los obstáculos que han impedido que se rindan cuentas por el asesinato de Cáceres.
Amnistía indicó en una declaración que “las autoridades deben continuar las investigaciones hasta que se establezca la responsabilidad penal de todos los implicados”, en el asesinato.
Y “las devastadoras conclusiones de este informe deben servir como punto de inflexión para acelerar las investigaciones penales y proteger eficazmente a todos los defensores de los derechos humanos en el país”, expresó Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para América.
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