La Ley de Economía Social entra este viernes en vigor

MADRID, 9 Abr. Agencias –

La Ley de Economía Social para modernizar y actualizar al sector entra vigor este viernes, 10 de abril, tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

«Con esta ley se pretende actualizar el marco normativo de la economía social, ajustando un modelo eficaz a las nuevas circunstancias económicas y sociales», detalla el texto, que incide en el desarrollo de «un marco legal comprensivo e integral favorable al mejor desarrollo de la actividad de los principales actores de la economía social, contribuyendo con ello a una mayor cohesión social y a un progreso más sostenible».

En cualquier caso, el Ejecutivo precisa en el texto que la obligación para las cooperativas de más de 500 personas socias de tener una página web corporativa, prevista en un nuevo artículo, entrará en vigor al año de la entrada en vigor de esta ley.

El pasado 26 de marzo, el pleno del Congreso dio luz verde definitiva a la Ley de Economía Social que busca modernizar y mejorar el ecosistema legislativo del sector. Por ello, persigue combatir el intrusismo en las cooperativas clarificando qué empresas forman parte de la Economía Social, como detalló el Ministerio de Trabajo y Economía Social tras su aprobación.

La nueva Ley consta de cuatro artículos que modifican las leyes que integran el ecosistema normativo del sector: la Ley de Cooperativas, la Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Precisamente, la nueva ley tiene el objetivo de potenciar e impulsar fórmulas innovadoras de la Economía Social, entre las que destaca la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso. «Así, se exige que conserven la propiedad sobre las viviendas que cedan a sus socios y que carezcan de ánimo de lucro, no pudiendo por tanto distribuir retornos cooperativos. Con esto se dinamiza una figura como la cooperativa para que pueda lograr hacer frente a las constantes transformaciones que, de forma progresiva, se producen en el mundo actual», detalla el texto.

La normativa también busca adecuar y actualizar la Ley de Cooperativas y contempla la elaboración de planes de igualdad cooperativos o la puesta en marcha de una Comisión de Igualdad que impulse la conciliación y establezca el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos sociales, entre otras novedades.

En lo relativo a la modificación de la Ley para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción incluye una definición de empresa de inserción «más adecuada y coherente con sus fines», según destacó Trabajo. Así, señala que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas contribuirá a garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral.

Al respecto, se aboga por «desvincular los conceptos de exclusión y vulnerabilidad de quienes pueden ser contratados por las empresas de inserción para abordar su estigmatización social» y a «la actualización del marco de contenidos mínimos, común para todo el Estado, de los itinerarios de inserción, causa y objeto de la contratación de las personas sujetas a factores de riesgo de exclusión y de los que dependen la mejora de su empleabilidad».

«Las empresas de inserción operan en el mercado económico en igualdad de condiciones que el resto de las formas empresariales, con la singularidad de atender a una función social esencial para luchar contra las desigualdades. A través de esta ley, se realizan las modificaciones necesarias en la regulación de su funcionamiento interno para garantizar su competitividad de forma coherente con los principios que las mueven», precisa el texto.

Asimismo, se modifica la Ley de Economía Social para clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. También se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector y se eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, entre otros aspectos.

VALORACIÓN DEL SECTOR: VE «AVANCES» PERO TAMBIÉN «OPORTUNIDAD PERDIDA»

Tras conocerse su aprobación, el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, valoró positivamente que la ley saliera adelante, un hecho que calificó de «gran avance».

Según CEPES, la nueva norma supone «un avance cualitativo» en la configuración del sector, especialmente para las empresas de inserción, que ven reforzada su identidad jurídica y su modelo de intervención social. Asimismo, afirmó que la ley clarifica el perímetro de la Economía Social, integrando exclusivamente a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) dentro de este ecosistema empresarial.

La norma también incorpora avances en materia de modernización y simplificación. Entre ellos, CEPES destaca la posibilidad de que las cooperativas puedan celebrar asambleas por medios telemáticos con plenas garantías legales, así como la reducción de cargas administrativas.

En cualquier caso, la patronal subrayó que la aprobación de la ley no cerraba el proceso de mejora del marco normativo. «Se han producido avances importantes en la Economía Social, en las Empresas de Inserción y en los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y en las Cooperativas, pero hay cuestiones que afectan a estas últimas que no han podido resolverse», alertó Pedreño.

En este sentido, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) lamentó que la nueva norma no incorporara medidas para el cooperativismo de trabajo, que «ha quedado diluido en un marco excesivamente amplio». «Es una oportunidad perdida para hacer más competitivo nuestro modelo empresarial», lamentó el presidente de COCETA, Luis Miguel Jurado.

En cualquier caso, la Confederación valoró positivamente que la ley refuerce aspectos como el marco de las empresas de inserción, la clarificación del catálogo de entidades o la protección frente al intrusismo, y celebró especialmente el reconocimiento de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.

El tejido productivo de la Economía Social española está constituido por un total de 127.532 empresas y entidades, de las que dependen 2.250.389 empleos directos e indirectos, y que dejan un total de 169.691 millones de euros de facturación, según los últimos datos del sector aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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