Asturias afirma que Muniellos cuenta con un sistema de protección «extraordinariamente sólido»
OVIEDO 9 Abr. –
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha emitido una nota de prensa en la que asegura que Muniellos cuenta con un sistema de protección «extraordinariamente sólido» y que no existe riesgo alguno para su conservación.
De esta forma, el Principado ha querido salir al paso de las manifestaciones que se están difundiendo sobre el espacio natural de Muniellos en relación a una supuesta situación de desprotección.
Afirma el Gobierno regional que la protección real y efectiva del espacio -la que determina con carácter vinculante el régimen jurídico de usos, actividades y limitaciones- descansa en su declaración como Reserva Natural Integral en 2002 por el Principado de Asturias, que constituye el máximo nivel de protección ambiental previsto en su ordenamiento. «Esta figura garantiza la conservación estricta del ecosistema, con una regulación extremadamente restrictiva, acceso muy limitado y ausencia de aprovechamientos», argumentan.
A esa figura se suma la Ley de Declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que incluye a Muniellos con el mayor grado de protección, así como su inclusión en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Todas estas figuras conforman un régimen jurídico de protección reforzada, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estableciendo obligaciones legales directas, sometiendo cualquier actuación a intervención administrativa previa y garantizando la preservación efectiva del espacio.
Insisten desde el Principado que ese régimen jurídico de protección permanece «plenamente vigente» y no ha experimentado modificación alguna en sus niveles de protección ni en las garantías de conservación del espacio.
Por lo tanto, señalan que determinadas manifestaciones incurren en una «confusión de fondo» al equiparar la situación de la Reserva de la Biosfera con el nivel de protección del espacio natural.
Añaden que la Reserva de la Biosfera es un reconocimiento internacional otorgado por la Unesco a un modelo de gestión del territorio que prioriza los usos tradicionales y la sostenibilidad, pero «no constituye una norma ni altera en modo alguno la protección jurídica existente sobre un territorio ya legalmente protegido».
En este sentido, indican que las cuestiones planteadas en el ámbito del Programa MaB responden exclusivamente a aspectos de carácter administrativo, vinculados a la planificación, la organización y los mecanismos de participación, dentro del proceso ordinario de revisión periódica de las Reservas de la Biosfera, sin que ello implique en ningún caso ausencia de gestión ni incumplimiento de las obligaciones de conservación.
El Principado dice que lleva desde 2023 «de forma activa y continuada» trabajando con el Comité MaB para dar respuesta a estas cuestiones. Como resultado, en 2024 se aprobó un nuevo plan de gestión, se revisó la zonificación y se reforzaron los mecanismos de gobernanza y participación.
Toda esta información fue trasladada al Comité MaB en septiembre de 2025, y actualmente se encuentra en curso el plazo establecido por la Unesco, hasta septiembre de 2026, para completar la documentación requerida.
En consecuencia, señalan desde la Consejería que las cuestiones planteadas en este ámbito «no guardan relación con el régimen jurídico de protección ni con el estado de conservación del espacio, que se mantienen plenamente garantizados por las figuras legales vigentes, ni implican en modo alguno una reducción de los niveles de protección ambiental».
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia ha aclarado que vincular este proceso administrativo con una supuesta pérdida de protección, degradación del espacio o riesgo ambiental constituye «una interpretación incorrecta que no se sostiene desde el punto de vista jurídico ni técnico».
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