PSOE pide medidas para evitar «acoso» ante clínicas abortivas y la Comunidad le insta a reclamarlo a Delegación
MADRID 6 Abr. –
El PSOE de Madrid ha pedido este lunes medidas para evitar «acoso» ante las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo ante lo que la Comunidad de Madrid le ha instado a plantear su reclamación ante la Delegación del Gobierno, que ostenta las competencias de Seguridad.
Este cruce ha tenido lugar en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la diputada socialista Lorena Morales, quien ha reclamado información sobre las medidas a impulsar por el Ejecutivo regional para que no sean «acosadas en el entorno de dichos establecimientos».
Morales ha cargado contra una Comunidad en la que no se deja «abortar en los hospitales públicos» y ha indicado que por ello desde el PSOE se reclama «lo mínimo», que en las clínicas acreditadas se de «en condiciones dignas».
«Y esto empieza porque los y las profesionales y las usuarias puedan ejercer su derecho en esos establecimientos sin ser acosadas y añadiendo más dolor a un momento delicado», ha reclamado.
Adelantándose a la respuesta del Ejecutivo autonómico, la socialista ha destacado que la competencia de Sanidad es del Gobierno regional y que son ellos los que tienen que asegurarse «que esta prestación se realiza con garantías».
Así, ha insistido en que la ley estatal reclama a las autonomías que el derecho se pueda ejercer «con libertad e intimidad» y actuar con la «diligencia debida» en la protección de los derechos sexuales y reproductivos.
«Si el acoso se produjera a las puertas de la Fundación Jiménez Díaz, no dudo que el primer día acababan ustedes con esta situación de un plumazo y llamaban corriendo al delegado del Gobierno», ha lanzado Morales Porro tras deslizar que el Gobierno autonómico no se habría puesto en contacto con esta institución para controlar estas conductas ilícitas.
Frente a ello, la directora general Asistencial de la Comunidad de Madrid, Almudena Quintana Morgado, ha defendido que la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación integrada en la organización sanitaria del Servicio Madrileño de Salud con «profesionales cualificados y mecanismos de seguimiento y control».
«Sin embargo, las situaciones que puedan producirse en la vía pública, así como la prevención o actuación frente a posibles conductas de acoso en el entorno de los centros donde se realiza, corresponden al ámbito de seguridad ciudadana, por más que nos lo quiera achacar a nosotros», ha planteado al tiempo que ha recordado que las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependen de Delegación.
Así, ha recalcado que hay «dos planos distintos que no deben confundirse». Por un lado esta el acceso a la prestación sanitaria que «está garantizado» en el Sermas, competencia de la Consejería, mientras que la seguridad en la vía pública cuya «regulación, control y actuación corresponden a otra administración».
«Si la preocupación que puede ser legítima se sitúa en el ámbito de la seguridad en el entorno de los centros, es la administración competente en esa materia a quien corresponde valorar, diseñar y adoptar las medidas oportunas», ha zanjado.
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