Organizaciones de DDHH condenan la reforma de la pena de muerte israelí y su discriminación a los palestinos
MADRID 31 Mar. Diario Dia –
La Ley de Pena de Muerte para Terroristas, una reforma legal israelí aprobada este lunes por el Parlamento que contempla la aplicación de la pena capital por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo solo para palestinos ha suscitado múltiples críticas por parte de organizaciones de Derechos Humanos, así como peticiones de derogación.
Entre ellas está el Centro Palestino de Derechos Humanos, que ha manifestado en redes su «condena en los términos más enérgicos» contra un texto que «ataca a los palestinos y afianza la política de larga data de Israel de ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de la ley, en clara violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos».
Al hilo, la organización ha instado a la comunidad internacional «a intervenir urgentemente para proteger a los presos palestinos y garantizar la rendición de cuentas». «El silencio y la inacción solo agravarán la impunidad y erosionarán el orden internacional basado en normas», ha apostillado.
Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina ha alertado de que la nueva ley «afianza aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a los palestinos de Cisjordania ocupada e Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos».
En este contexto, el órgano ha instado a las autoridades israelíes a «derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada hoy por la Knesset», alegando que «contraviene las obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional».
Asimismo, el órgano, que ha recordado la oposición de Naciones Unidas a la pena de muerte «bajo cualquier circunstancia», ha señalado que la aplicación de esta norma «violaría la prohibición del Derecho Internacional sobre castigos crueles, inhumanos o degradantes».
Sus respectivos comunicados se han sumado al emitido poco antes por el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, que ha advertido de que «esta ley institucionaliza el asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza». «Está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial», ha agregado el director legal de Adalah, Suhad Bishara.
De hecho, Adalah ha afirmado que la ley, «una de las más violentas y discriminatorias», es «una flagrante violación del derecho internacional» porque la Knesset «no tiene autoridad para legislar sobre la población ocupada». «Incumple una serie de normas internacionales y su aplicación podría suponer un crimen de guerra», ha argumentado, adelantando que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo israelí «como cuestión de máxima urgencia».
HRW Y AMNISTÍA CONDENAN LA REFORMA
La decisión del Parlamento israelí también ha acarreado a la cámara las críticas de destacadas ONG internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Amnistía, por su parte, ha exigido a las autoridades israelíes que «deroguen urgentemente las enmiendas legislativas» aprobadas, que ha descrito como «una muestra pública de crueldad, discriminación y absoluto desprecio por los Derechos Humanos», según las palabras de la directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas de la ONG, Erika Guevara-Rosas.
«El hecho de que esta ley se haya aprobado el mismo mes en que el fiscal general militar israelí retiró todos los cargos contra soldados israelíes acusados de agresión sexual contra una detenida palestina, decisión celebrada por el primer ministro (Benjamin Netanyahu) y varios ministros, pone de manifiesto el grado de deshumanización que Israel inflige a los palestinos», ha denunciado Guevara-Rosas, que ha recordado que «Netanyahu, buscado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ha sido uno de los que han votado a favor de la ley».
Amnistía ha alertado, en concreto, de que la norma permitirá a los tribunales militares de la Cisjordania ocupada imponer la pena de muerte a los palestinos condenados por asesinatos premeditados en actos que se definen como terroristas según la discriminatoria ley antiterrorista israelí. «Quienes sean condenados a muerte no tienen derecho a indulto, lo que convierte a esta ley en una de las más extremas del mundo en materia de pena capital», ha advertido la organización.
En este sentido, Guevara-Rosas ha denunciado que, «al autorizar a los tribunales militares, que tienen una tasa de condena superior al 99% para los acusados palestinos y que son conocidos por ignorar las garantías procesales y de un juicio justo, a imponer penas de muerte prácticamente obligatorias y ordenar la ejecución en tan solo 90 días tras la sentencia definitiva, Israel se está otorgando descaradamente carta blanca para ejecutar a palestinos, eliminando al mismo tiempo las garantías más básicas de un juicio justo», ha defendido.
«La comunidad internacional debe ejercer la máxima presión sobre las autoridades israelíes para que deroguen inmediatamente esta ley, abolan por completo la pena de muerte y desmantelen todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid contra los palestinos», ha concluido.
Human Rights Watch, a su vez, ha mostrado su oposición a la pena capital –«una práctica singular por su crueldad y carácter definitivo»– bajo cualquier circunstancia, también en este caso.
De hecho, su subdirector en Oriente Próximo, Adam Coogle, ha argumentado que, «aunque algunos responsables israelíes argumentan que la imposición de la pena de muerte responde a una cuestión de seguridad», en realidad, «afianza la discriminación y un sistema de justicia de dos niveles, ambos característicos del apartheid». «La pena de muerte es irreversible y cruel. Sumada a las severas restricciones a las apelaciones y a su plazo de ejecución de 90 días, este proyecto de ley pretende ejecutar a los detenidos palestinos con mayor rapidez y menor escrutinio», ha argumentado.
PETICIONES DE REVOCACIÓN DESDE EUROPA
Las reacciones negativas a esta reforma han tenido réplica asimismo en el viejo continente, donde el Consejo de Europa, cuyo secretario general, Alain Berset, ha manifestado la oposición del organismo a la ampliación de la aplicación de la pena de muerte, advirtiendo de que seguirá de cerca la evolución de esta ley y «analizará sus implicaciones para los convenios del Consejo de Europa de los que Israel es parte, así como para los mecanismos de cooperación en los que participa este Estado».
Esta institución, que ha lamentado la aprobación del texto «a pesar de los reiterados llamamientos a las autoridades israelíes, en particular por parte del Consejo de Europa, para que la revoquen», ha alertado de «un mayor distanciamiento de Israel del marco de valores con el que históricamente se ha identificado».
«La pena de muerte es un anacronismo jurídico incompatible con los estándares contemporáneos de derechos humanos. Además, cualquier aplicación de la pena de muerte que pueda considerarse discriminatoria es inaceptable en un Estado de derecho», ha argüido Berset.
Sus palabras han llegado en medio de las reacciones de varios países europeos a la decisión del Parlamento israelí, como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que han expresado su «profunda preocupación» por un proyecto de ley que consideran «discriminatorio», y que han pedido a Israel que le han pedido que abandonen esta reforma.
A ellos se ha sumado también Irlanda, cuya ministra de Exteriores, Helen McEntee, ha condenado la reforma en un comunicado en el que ha manifestado su «particular» preocupación por «el carácter discriminatorio de facto de este proyecto de ley en lo que respecta a los palestinos». Por ello, «Irlanda insta al Gobierno y al Parlamento israelíes a no implementar esta ley», subraya el texto.
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