El PP exige un cambio del reglamento penitenciario tras «las liberaciones de etarras» por el «pacto» de Sánchez y Bildu
MADRID, 31 Mar. –
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido un cambio del reglamento penitenciario tras «las liberaciones de etarras» que se están produciendo y que, a su juicio, obedecen al «pacto político» entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y Bildu.
La reacción de la dirigente del PP se produce un día después de conocer que el preso de ETA Ángel Tellería Uriarte disfruta de la semilibertad al aplicársele el artículo 100.2 del reglamento penitenciario que permite flexibilizar el cumplimiento de la condena, de forma que podrá salir del centro penitenciario de Zaballa de lunes a viernes, aunque pernoctará en la cárcel.
El pasado miércoles, en el Pleno del Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya cargó contra el Gobierno a cuenta de la política penitenciaria y la semilibertad otorgada a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, que estaba condenada a «más de 600 años por más de una decena de crímenes». «Eso fue ‘Anboto’ esta semana, para celebrar la guerra, supongo. Después, en febrero, lo de Txeroki. En abril, ¿será Txapote, señoría?», preguntó a Pedro Sánchez.
«EJEMPLO DE CORRUPCIÓN POLÍTICA Y MORAL»
Gamarra ha indicado, tras la semilibetad de Tellería, que se trata de una «nueva cesión a Bildu por parte del sanchismo». «Otro etarra sale de la cárcel por decisión del Gobierno vasco. Exigimos el cambio del Reglamento Penitenciario», ha dicho, para añadir que «las liberaciones de etarras no se pueden producir en función del interés personal de Sánchez».
En declaraciones a Agencias, Gamarra ha indicado que «esto forma parte del pacto político» entre Sánchez y Bildu y que, a su juicio, es el «mayor ejemplo de corrupción política y moral del sanchismo» porque «ha convertido la política penitenciaria en un instrumento a su servicio para afianzar acuerdos y poder cumplir compromisos».
Gamarra ha destacado que en la pasada legislatura se llevó a cabo una «política de acercamientos» de etarras y ha añadido que «el segundo hito fue la cesión de la competencia en materia penitenciaria al Gobierno vasco». Y en ese contexto, ha proseguido, se producen las aplicaciones de los terceros grados y beneficios penitenciarios.
«Nosotros lo que defendemos es sin arrepentimiento y sin colaborar con la justicia no pueden acogerse a beneficios beneficiarios de esta manera tan arbitraria», ha manifestado la dirigente del PP, que ha resaltado que hay «400 asesinatos de ETA sin resolver».
Tras recalcar que se trata de «terroristas condenados con una cantidad de años importante», Gamarra ha insistido que esas liberaciones evidencian la «utilización de la política penitenciaria como un instrumento para la corrupción política». «Es para un beneficio político propio, no del país», ha resaltado.
EL PP HA PEDIDO UN CAMBIO LEGAL EN EL CONGRESO
El PP ya ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que persigue que el Gobierno lleve a cabo una reforma legal para garantizar que los condenados a prisión permanente revisable no puedan obtener ningún tipo de beneficio penitenciario.
Los ‘populares’ presentaron esta iniciativa a raíz de la aplicación al etarra Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como ‘Txeroki’, del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite flexibilizar la ejecución de la condena, compatibilizando el segundo grado con elementos del tercero, esto es un régimen de semilibertad.
Para el PP resulta «inadmisible» que esta interpretación de la regulación penitenciaria «burle», por la vía de la ejecución de la condena, la regla de cumplimiento efectivo de las penas impuestas por los tribunales.
Y, aunque recalca que estos etarras no fueron condenados a prisión permanente revisable –una pena que data de 2015–, esta situación ha alertado también sobre la necesidad de modificar la legislación penitenciaria en lo que respecta al acceso a beneficios de los condenados con esta pena.
Por eso, el PP aprovecha esta iniciativa –en la que pide al Gobierno a impulsar una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria para incorporar una regulación «específica y diferenciada» de la prisión permanente revisable– para sugerir al Ejecutivo un cambio legal para impedir que los condenados por terrorismo puedan beneficiarse de un modelo de ejecución de la pena combinando aspectos característicos del segundo y tercer grado.
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