El Gobierno ha formado a 40 fiscales en delitos de odio contra personas con discapacidad
MADRID, 28 Mar. Agencias –
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos han formado a 40 fiscales para especializarse en delitos de odio contra personas con discapacidad, según destaca el Gobierno en respuesta a una pregunta escrita registrada por el PP en el Congreso.
Así lo afirma el Ejecutivo ante la pregunta de los ‘populares’ sobre «qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno durante el año 2025 para evitar que los delitos de odio contra las personas con discapacidad sigan aumentando» en España.
Según precisa el Gobierno en su respuesta, a la que ha tenido acceso Agencias, han formado a «cuarenta fiscales para especializarse en delitos de odio contra personas con discapacidad para mejorar la detección e investigación de estos casos».
Igualmente, pone de manifiesto que, durante el año 2025, se ha «reforzado la dimensión analítica y de visibilización de esta forma específica de discriminación», incluyendo «la actualización terminológica en los estudios publicados» y «el desarrollo de investigaciones orientadas a identificar factores de vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual frente a los delitos de odio», con el objetivo de «fundamentar futuras políticas preventivas basadas en evidencia empírica».
Además, destaca que «en el primer semestre de 2026» impulsarán canales de comunicación y asistencia a víctimas, detenidos o investigados con discapacidad intelectual hacia servicios especializados, reforzando la coordinación con Oficinas de Asistencia a las Víctimas y entidades del ámbito social.
Esta medida, según recuerda, aparece recogida en el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, cuya vigencia es de 2025 a 2028, en el que se fijan las Líneas de Acción, Objetivos y Medidas a desarrollar.
Entre las medidas especialmente dirigidas hacia las personas con discapacidad, este plan también contempla el «impulso de la figura del ‘facilitador’ en las diligencias policiales por presuntos delitos de odio en las que la persona detenida, investigada o víctima del presunto delito presente una discapacidad intelectual».
Esta medida, según explica el Gobierno, tiene como fin «garantizar la comprensión efectiva del procedimiento y evitar situaciones de desprotección o victimización secundaria».
A este respecto, pone de relieve que se ha publicado la ‘Guía para el primer interviniente’, dirigida a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que, en marzo de 2025, se publicaron dos documentos operativos complementarios elaborados por un grupo de trabajo multidisciplinar con participación del Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Universidad Complutense de Madrid y entidades especializadas del tercer sector, entre ellas Fundación A LA PAR y Plena Inclusión, «reforzando así la capacitación práctica del primer interviniente».
También destaca que el plan contempla la «mejora del material adecuado para las personas con discapacidad intelectual, para que reciban información de forma accesible y comprensible mediante formatos de lectura fácil» y medidas adicionales como el «impulso de formación especializada para el personal policial en la detección, identificación y correcta actuación ante situaciones que afecten a personas con discapacidad intelectual» o la «organización de jornadas formativas conjuntas con Oficinas de Asistencia a las Víctimas y entidades especializadas, fomentando la coordinación interinstitucional».
A su vez, recuerda que los días 17 y 18 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el VIII Seminario sobre Delitos de Odio organizado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD) bajo el título ‘Delitos de odio y discapacidad: actuación policial y protección de las víctimas’, «ampliando la formación especializada de miembros de los distintos cuerpos policiales».
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