Roca asegura que el Ayuntamiento de Palma ofreció recursos habitacionales a «todas las personas» de la antigua prisión

PALMA 26 Mar. Agencias –

La segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, ha señalado que el Consistorio ha dado recursos habitacionales a «todas las personas» que residen en la antigua prisión pero que «ninguna» las ha aceptado.

Así lo ha aseverado la representante municipal durante su intervención en el Pleno municipal de este jueves, para abordar la situación en el recinto y la retirada del padrón de personas vulnerables.

Roca ha señalado que con el desalojo de la antigua prisión, la corporación municipal quiere atajar «un problema de seguridad muy grande» y «cumple con su obligación legal», al solicitar la recuperación posesoria del inmueble.

De este modo, ha alegado que se trata de «evitar una situación de peligro» para las personas que allí residen y para ello ha afirmado que «han puesto alternativas».

También ha admitido que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ofreció recursos a estas personas y ocho se interesaron por ellos pero ha indicado que finalmente fueron rechazados. «Los servicios sociales son voluntarios y no se puede obligar a aceptarlos», ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que también han mantenido reuniones con el Obispado de Mallorca para dar una respuesta «real y efectiva» y ha criticado que «obstaculizar» el desalojo es una «irresponsabilidad grave».

Roca ha reprochado a la oposición su «superioridad moral» al dar «lecciones de protección a personas vulnerables» pero ha indicado que durante sus mandatos en Cort, las «mantuvieron en situación de riesgo».

La comparecencia de la regidora viene motivada por un solicitud de Unidas Podemos y la regidora de la formación, Lucía Muñoz, ha pedido su dimisión o cese por parte del alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Antes Muñoz había pedido respuestas para estas personas en situación de «mayor vulnerabilidad», puesto que se les intenta desalojar de su única alternativa habitacional y dejarlas «en la calle a la intemperie».

La edil ha señalado los «errores» en el censo de los pobladores de la antigua prisión y ha advertido de «disfunciones» en la coordinación institucional para intervenir. Otro de los puntos que ha censurado es la retirada de mantas u otras pertenencias de los residentes por parte de los trabajadores de limpieza del Ayuntamiento.

Además, ha reprobado las declaraciones de Martínez en las que reconocía que las alternativas habitacionales eran «temporales» y solo para «determinados perfiles», por lo que ha incidido en que esto significaría que hay ciudadanos de primera y de segunda a los que el Ayuntamiento «dejaría en la calle».

Con respecto al padrón municipal, Muñoz ha aseverado que se habrían «promovido bajas masivas» y ha criticado que para ello se hayan solicitado listados a entidades como la Cruz Roja, ya que ha reivindicado que la actuación municipal debe «garantizar derechos».

Por estos motivos, ha subrayado que las bajas en el padrón tienen «consecuencias graves» como la «dificultad» para acceder a los servicios sociales, la sanidad, prestación, itinerarios de inclusión o la «retirada» del derecho al voto.

La regidora ha argumentado que esto es «un paso hacia la exclusión completa» de estas personas y lo ha calificado de «escándalo», al tiempo que ha reprendido a Roca por «atribuirlo a técnicos municipales».

«CUMPLIR LA LEY» CON UNA CIRCULAR TÉCNICA

Roca ha replicado que este procedimiento se deriva de una circular técnica con la que se trata de «cumplir la ley» y ha explicado que Cruz Roja es la entidad encargada de actualizar la lista de personas en situación de calle.

Así, con la información facilitada por la entidad ha indicado que se elaboró un excel con el padrón con diferentes categorías como personas empadronadas en centros sociales, personas empadronadas por otras entidades pero que no estuvieran en la calle, personas que llevaban más de seis meses sin dar con ellos y contactos activos con las unidades móviles de emergencia social.

La representante local ha sostenido que esta circular «no es nueva» y ya existía en 2017 y 2020, cuando gobernaba la oposición. Por eso ha alegado que la revisión del padrón se ha hecho con «criterios técnicos» y ha defendido que Servicios Sociales debe acreditar que estas personas viven en el municipio.

No obstante, ha destacado que el inicio del procedimiento no supone la baja inmediata, sino que mientras se lleva a cabo el trámite continúa figurando con el padrón y ha puesto el caso de personas que se han localizado en el transcurso del proceso, por lo que el expediente termina archivado.

Todo esto ha manifestado que lleva aparejado un informe vinculante al Consejo de Empadronamiento, por lo que ha sostenido que es un procedimiento «garantista, reglado y técnico».

Roca ha desmentido que haya habido «bajas masivas» o por «decisiones políticas» y insistido en que todo emana de la normativa estatal del Gobierno central.

Al mismo tiempo, ha reivindicado que el Ayuntamiento sigue con el empadronamiento «ficticio» de personas que necesitan acceder a la cartera básica de servicios sociales y ha concretado que en el OAC de Avenidas hay registradas cerca de 1.500 personas en esta situación.

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