Inclusión destina 16 millones de euros a comprar casi 700 viviendas en alquiler asequible para personas vulenerables
MADRID 25 Mar. –
El Fondo de Impacto Social (FIS), adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha aprobado una inversión de 16 millones de euros para impulsar el acceso a una vivienda en alquiler asequible a colectivos vulnerables, según ha informado el Ministerio de Inclusión, este miércoles, en un comunicado.
En concreto, el fondo –gestionado por COFIDES– aportará 11 millones de euros a la gestora ALAS Vivienda Asequible (ALAS VA) para cofinanciar la adquisición y gestión de un parque de 696 viviendas de alquiler distribuidas en 10 edificios con garaje de la Comunidad de Madrid (Humanes, Torrejón de la Calzada y Velilla de San Antonio) y Cataluña (Martorell, Terrassa, Olesa de Montserrat, Barcelona y Mataró). Desde Inclusión aseguran que la operación se formalizará próximamente.
El Ministerio prevé que la mayoría de inmuebles se entreguen este mismo año, dando una solución habitacional a cerca de 1.600 personas antes de que finalice 2026.
Los inmuebles se ofertarán «con un alquiler estable, asequible, protegido y a largo plazo» y «los destinatarios serán colectivos vulnerables y de rentas bajas con dificultad para acceder al mercado libre», según detalla Inclusión.
En concreto, precisa que irán destinadas a familias monoparentales, personas en situación de sinhogarismo, mujeres víctimas de violencia de género y personas mayores o personas con discapacidad, entre otras.
Además, el FIS reforzará con cinco millones de euros el apoyo a la empresa social tuTECHÔ para expandir el modelo hacia capitales de provincia e impulsar el proyecto de repoblación rural, según ha informado el Ministerio. Con la primera fase de la operación se han adquirido 23 inmuebles en Cataluña, Andalucía y Castilla y León y se han formalizado proyectos de inclusión para combatir el sinhogarismo.
Según indica, la iniciativa tuTECHÔ Rural busca conectar viviendas vacías en entornos rurales con familias vulnerables que necesitan un hogar y una segunda oportunidad, al tiempo que contribuye a la repoblación de territorios afectados por el fenómeno de la España vacía.
El FIS prevé, además, la construcción de obra nueva «como solución excepcional» a la falta de vivienda en «emplazamientos críticos» como el Distrito Amate de Sevilla o Níjar, en Almería.
La secretaria general de Inclusión y presidenta del Comité Interministerial del FIS, Elena Rodríguez, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para impulsar el parque de vivienda social y asequible. «Es una de las prioridades del Gobierno de España y el FIS refuerza el plan estatal poniendo el foco en los colectivos de extrema necesidad», ha explicado.
Según recuerdan desde Inclusión, por medio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y sus fondos Next Generation EU, la Línea de Vivienda de Impacto Social acumula ya casi 27 millones de euros en cinco operaciones desplegadas en diversas comunidades autónomas. Las últimas se firmaron con la ONG Provivienda y Primero H, una iniciativa de ASOCIMI y HOGAR SÍ.
Esta línea cuenta con una dotación inicial de 40 millones de euros y, con ella, el FIS se propone «canalizar inversión hacia proyectos innovadores y facilitar el acceso a una vivienda a personas en situación de exclusión».
A su vez, el Comité Interministerial del FIS ha dado luz verde a otras tres iniciativas concediendo un préstamo de 2,5 millones de euros a Bike Ocasión para reacondicionar bicicletas; 2 millones de euros a la Fundació Seira, con el objetivo de facilitar la financiación de entidades de la economía social y cooperativas; y hasta 30 millones de euros a través del fondo Mustard Seed + Partners para apoyar a empresas en crecimiento, especialmente vinculadas a la educación.
El FIS, aprobado en junio de 2024 a través de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya ha aprobado un total de 26 proyectos con un impacto social o medioambiental positivo y medible en ámbitos como la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión o con discapacidad, el emprendimiento, la vivienda asequible, la atención a la salud mental o los cuidados, según informa el Ministerio. Este instrumento financiero público está dotado con 400 millones de euros
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