La Comunidad fija el tamaño mínimo en las estancias de las VUT y deja en manos de ayuntamientos limitar su presencia
MADRID 24 Mar. –
La Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar en el Consejo de Gobierno de este miércoles una actualización del decreto que regula las viviendas de uso turístico (VUT), con la que fija por primera vez el tamaño mínimo de las estancias y permite a los ayuntamientos limitar su presencia por edificio, área o zona, además de exigir que estos alojamientos cuenten con ropa de hogar y menaje completo.
Según han trasladado fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a Agencias, la norma introduce como principal novedad la exigencia de un contenido mínimo en las viviendas de uso turístico, que deberán disponer de ropa de cama, baño y mesa, así como vajilla, cubertería, cristalería y utensilios de cocina, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio hacia sus huéspedes.
Además, el texto establece la ocupación máxima permitida en este tipo de alojamientos y determina que deberán contar con un certificado de idoneidad.
En el caso de los apartamentos turísticos, clasificados en categorías de 4, 3, 2 y 1 llave, se incorporan requisitos en materia de iluminación y ventilación, la instalación de sistemas de oscurecimiento temporal en dormitorios y salones y la dotación de mobiliario y equipamiento básico en habitaciones y cuartos de baño.
Asimismo, se recoge expresamente la prohibición de ejercer esta actividad en viviendas de protección pública o en aquellos inmuebles donde así lo determinen las comunidades de vecinos, para adaptar el texto a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La actualización de la norma también establece que la obligación de presentar la declaración responsable para el inicio de la actividad recaerá en los titulares de la prestación del servicio turístico y no en los propietarios de las viviendas.
CONTROL DE LAS VUT Y SANCIONES CERCANAS AL MEDIO MILLÓN DE EUROS
Esta modificación se enmarca en el Plan de refuerzo y control de las VUT puesto en marcha en la segunda mitad de 2024, con el objetivo de consolidar un modelo turístico basado en la regulación de la actividad, la competencia en igualdad de condiciones y la apuesta por un turismo de alto valor, explican las mismas fuentes.
Cabe recordar que en la región existen 15.309 viviendas de uso turístico que ofrecen 50.675 plazas, una cifra que se ha reducido un 17,5% respecto a las últimas mediciones de 2025. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recogen además que la presión de VUT sobre parque residencial apenas alcanza el 0,52%.
En este escenario, la Comunidad de Madrid ha intensificado las inspecciones y sanciones, dando como resultado un aumento de las bajas de las viviendas turísticas. En concreto, un total de 1.153 VUT se han dado de baja en 2024, frente a 3.053 en 2025, lo que supone un incremento del 164,8%. En los dos primeros meses de 2026, se han dado de baja otras 341 viviendas, según han apuntado desde la consejería liderada por Mariano De Paco Serrano.
Por su parte, el número de inspecciones ha pasado de 481 en 2024 a 588 en 2025, un 22,3% más. El porcentaje de inspecciones que han concluido con sanción se ha situado en el 90% en 2024 y en el 85,71% en 2025, manteniéndose en ambos casos en niveles elevados.
En total, la Comunidad de Madrid ha impuesto sanciones cercanas al medio millón de euros en los dos últimos años en materia de viviendas de uso turístico, como resultado de la actividad inspectora desarrollada por la Dirección General de Turismo y Hostelería.
«DISTORSIÓN EN EL MERCADO»
«Estos datos ponen de manifiesto la intensificación de la actividad inspectora y sancionadora y el compromiso de la Comunidad de Madrid con el cumplimiento de la legalidad, la protección de los usuarios y el desarrollo ordenado de la actividad turística en la región», ha destacado en declaraciones a los medios el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.
Al hilo, ha criticado además la normativa estatal en esta materia al entender que cabe la posibilidad «de destinar alquiler tradicional a uso recreativo», a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que genera «un trasvase de VUT a alquiler de temporada, generando distorsión en el mercado».
Asimismo, el consejero ha señalado que esta situación «no solo dificulta las labores de control e inspección, sino que además desvirtúa el objetivo original del alquiler de temporada», al tiempo que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «trasladar este problema al ámbito autonómico y local».
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