La comisión de Peticiones de la Eurocámara abordará en mayo la regularización extraordinaria de migrantes en España
BRUSELAS, 24 Mar. –
La comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo abordará el próximo mes de mayo una queja presentada en relación a las «regularizaciones masivas de migrantes en los Estados miembro» que el Partido Popular Europeo y Patriotas por Europa han pedido que sea examinada por los eurodiputados con carácter de urgencia al vincularla con el proceso extraordinario de regularización anunciado por el Gobierno en España.
La petición, presentada el pasado febrero por una ciudadana española, reclama la necesidad de que este tipo de procesos estén precedidos por evaluaciones del impacto socioeconómico y que se establezcan mecanismos de seguimiento de los resultados de las medidas, al tiempo que se exija transparencia a los Estados que lo aplican para evitar efectos indeseados en países vecinos.
En concreto, plantea su preocupación por la «posible aplicación de medidas de regularización masiva de inmigrantes por parte de los Estados miembro» y sostiene que estos procesos podrían «aumentar la presión sobre servicios públicos, como la sanidad, educación y vivienda, así como afectar la estabilidad del mercado laboral, especialmente en sectores de baja cualificación».
En una reunión de los coordinadores de los grupos políticos en la comisión europarlamentaria, tanto el Partido Popular Europeo (PPE) como el grupo de ultraderecha Patriotas por Europa (PfE, en donde se integra Vox) han solicitado abordar la cuestión con carácter de urgencia por el contexto en España, según han indicado fuentes parlamentarias a Agencias. Así las cosas, la petición será discutida en la sesión de PETI del mes de mayo.
COMPETENCIA NACIONAL, PERO POSIBLE IMPACTO EN LA UE
Ya el pasado mes de febrero durante un debate ante el pleno del Parlamento Europeo sobre el caso español, el comisario de Migración e Interior, Magnus Brunner, subrayó que las políticas de regularización de migrantes son competencia exclusiva de los Estados miembro sobre la que Bruselas no puede pronunciarse, si bien avisó al Gobierno de Pedro Sánchez de que debe garantizar que la aplicación del proceso extraordinario no tendrá «consecuencias negativas» en el resto de países de la Unión Europea.
Brunner, que semanas antes valoró la medida del Gobierno como una solución legal a la presencia de migrantes irregulares y responder al mismo a las necesidades del mercado laboral, apuntó ante la Eurocámara la necesidad de respetar el equilibrio entre «solidaridad y responsabilidad» y dejar claro que, como principio, los migrantes en situación de irregularidad en la UE deben ser «retornados».
Brunner ha defendido además que un «permiso de residencia no es un cheque en blanco» para desplazarse por el conjunto de la Unión Europea y ha advertido de que existen «reglas claras» que deben ser tenidas en cuenta a la hora de impulsar planes de regularización nacionales, por ejemplo, que si se detecta a un beneficiario de la medida residiendo ilegalmente en otro Estado miembro «debe regresar al país en donde se otorgó el permiso».
En este contexto, el Partido Popular defiende que se analice «caso por caso» y rechaza regularizaciones masivas que puedan alimentar un «efecto llamada», al tiempo que critica el proceso iniciado por el Gobierno en España porque cree que se está haciendo «sin control alguno», «a ciegas» y sin coordinación europea, según ha dicho en un comunicado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido y eurodiputada, Alma Ezcurra.
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