Escrivá alerta de la interferencia política y tentación de los bancos centrales de ir más allá de su mandato
MADRID 23 Mar. (Agencias) –
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha advertido este lunes de que la legitimidad de los bancos centrales se ve hoy amenazada por una «creciente interferencia política» y, al mismo tiempo, por la «tentación» de que estas instituciones se pronuncien sobre materias que exceden su mandato.
A este respecto, Escrivá ha recordado que «la independencia tiene un precio: operar estrictamente dentro del mandato legal» y distinguiendo con claridad lo que corresponde a la autoridad independiente y lo que compete a los poderes con legitimidad democrática directa.
En su intervención en el Encuentro de Alto Nivel «Control externo e independencia», organizado por el Tribunal de Cuentas en Madrid, Escrivá ha descrito una doble presión «simultánea y opuesta»: por un lado, la injerencia de los gobiernos y otros actores políticos en las decisiones de los bancos centrales y, por otro, la expansión de facto de su campo de actuación hacia ámbitos de juicio político, una dinámica que, a su juicio, «erosiona la legitimidad» de estas instituciones si no se contienen dentro de mandatos claros y evaluables fijados por los representantes electos.
Escrivá ha subrayado que la tensión entre independencia y control externo «no es un problema, sino parte del funcionamiento normal y necesario de una democracia madura», pero ha avisado de que la independencia sin control «corre el riesgo de convertirse en opacidad», mientras que el control sin independencia puede «vaciar de contenido el mandato técnico» de las instituciones de supervisión y regulación, por lo que ha defendido una rendición de cuentas «robusta» y proporcionada a la intensidad del poder delegado.
El gobernador ha citado los trabajos del exsubgobernador del Banco de Inglaterra Paul Tucker para reivindicar una cultura del «no nos hagan demasiado poderosos», recordando que tras la crisis financiera global la propia institución británica pidió al Parlamento limitar determinadas competencias y reforzar salvaguardas por razones de legitimidad democrática, un ejemplo que, según ha dicho, demuestra que la independencia no se refuerza ampliando indefinidamente el poder, sino ejerciéndolo con límites claros, transparencia y escrutinio.
En el caso del Banco de España, Escrivá ha recordado que su independencia tiene un «anclaje jurídico claro» en el artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe aceptar instrucciones de gobiernos u otras instituciones en el ejercicio de las funciones del Eurosistema, así como en la Ley de Autonomía de 1994, que consagra su autonomía funcional, orgánica y financiera, pero que al mismo tiempo impone obligaciones de rendición de cuentas mediante comparecencias parlamentarias e informes públicos como el Informe Anual y el Informe de Estabilidad Financiera.
Tras varias décadas de sucesivas crisis financieras, soberanas, pandémicas y geopolíticas que han ampliado las funciones de los bancos centrales -desde la política monetaria a la supervisión de entidades, la vigilancia de la estabilidad financiera, las políticas macroprudenciales, la gestión del efectivo, los sistemas de pago y la participación en la gestión de la deuda pública-, Escrivá ha reconocido que esta acumulación de competencias ha incrementado la visibilidad y la exposición pública de estas autoridades y obliga a reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para evitar una erosión de la confianza ciudadana.
ÁREAS DE MEJORA EN EL BANCO DE ESPAÑA
En este contexto, ha destacado el proceso de autoevaluación desarrollado por el Banco de España en 2024 y 2025 con motivo del 30 aniversario de la Ley de Autonomía, que incluyó un informe externo de tres expertos internacionales, quienes confirmaron la solidez de la legitimidad y la calidad técnica de sus decisiones, pero identificaron áreas de mejora en materia de gobernanza -con avances hacia modelos más colegiados y revisión de las reglas de composición y nombramiento- y en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, líneas de trabajo que el Consejo de Gobierno ha asumido dentro del Plan Estratégico 2030.
Escrivá ha precisado que algunas de estas mejoras podrán abordarse internamente, mientras que otras requerirán la intervención del legislador, y ha defendido que separar ambos planos forma parte de una comprensión «exigente» de los límites institucionales, insistiendo en que la independencia de las autoridades no electas solo es legítima si se concibe y ejerce como «poder delegado» y nunca como «poder propio o soberano».
Finalmente, ha señalado que el Banco de España y el Tribunal de Cuentas comparten la lógica de ejercer funciones que exigen autonomía de criterio y, al mismo tiempo, una «particular intensidad de justificación pública».
Así, ha insistido en que la tensión sobre cómo ejercer el control sin invadir la discrecionalidad legítima «no es un defecto del sistema, sino una de sus garantías», porque «la independencia no se protege alejándose del control, sino aceptándolo; no se refuerza con silencio, sino con explicación», de modo que cuando independencia y control se equilibran adecuadamente «no solo se fortalecen las instituciones, sino la democracia misma».
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