La Fiscalía pide 173 años de cárcel para Francisco González por presuntos encargos ilegales a Villarejo
MADRID, 18 Mar. Diario Dia –
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una pena de 173 años de cárcel para el expresidente del BBVA Francisco González y una multa de 181 millones de euros para la entidad bancaria de cara al futuro juicio por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para la presunta comisión de una serie de encargos ilegales entre 2004 y 2006.
Según ha avanzado ‘Expansión’ y han confirmado fuentes jurídicas a Agencias, el Ministerio Fiscal solicita esta pena para González y el BBVA por delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros.
La Audiencia Nacional confirmó el pasado 20 de febrero el procesamiento del BBVA, de su expresidente González y de una serie de exdirectivos de la entidad por esos presuntos hechos.
En relación con Francisco González, la Sala Tercera de la AN, en línea con el instructor, señaló que alguno de los contratos con CENYT –el grupo empresarial de Villarejo– fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, «que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores».
En definitiva, concluyeron los jueces, no es irrazonable la interpretación de indicios que hacen el auto recurrido y las acusaciones para llegar a la conclusión de la participación de González en los delitos de cohecho y revelación de secretos provisoriamente imputados y, en definitiva, de que sabía que la información que CENYT había obtenido en cumplimiento de los contratos referidos «fuera sin respetar la legalidad».
Todo ello, añadieron, sirviéndose de funcionarios policiales para acceder a datos de carácter íntimo y personal y a fuentes cerradas con injerencia en los derechos fundamentales de las personas investigadas, y sin autorización judicial, sin perjuicio de lo cual ordenó seguir contratando los servicios de Villarejo.
«Estos hechos presentan los caracteres de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos como se señala en el auto recurrido, que impide el sobreseimiento de las actuaciones interesado, todo lo cual nos lleva a la desestimación del recurso en este punto», apostilló la Sala.
EL JUEZ LES PROCESÓ EN 2024
Fue en junio de 2024 cuando el entonces juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo, entre otros, por delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos. El magistrado, en un auto de 268 páginas, puso fin a la instrucción de la pieza separada 9 del ‘caso Villarejo’.
El instructor relataba que el inicio de los hechos surgió con la contratación por el BBVA del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002. Dicha contratación contó con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo Villarejo y Enrique García Castaño.
El juez explicaba cómo el primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías, lo que le permitía, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas de seguridad tuviesen acceso.
«Conociendo Julio Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo CENYT, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizando la total discreción y opacidad si se recurría al mismo», señalaba.
«Dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizando un núcleo muy reducido de altos directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo», agregaba.
A raíz de ello, concluyó el juez, se firmaron una serie de contratos para poner en marcha determinados proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas.
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