El Congreso insta al Gobierno a renunciar ya a la regularización de migrantes, con apoyo de PP, Vox, Junts y UPN

MADRID, 18 Mar. –

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la moción consecuencia de interpelación urgente del PP que la que insta al Gobierno a renunciar «con carácter inmediato» a la regularización extraordinaria de migrantes. Ha contado con 176 votos a favor (Vox, Junts y UPN) y 172 en contra (PSOE y socios).

Además, pide ejecutar «de manera efectiva» las órdenes de retorno de acuerdo con la normativa vigente, revisar los acuerdos en materia migratoria con terceros países para asegurar su cumplimiento, así como garantizar la expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes.

En el debate de la iniciativa, que tuvo lugar este martes, el PSOE advirtió de que Europa podría recibir iraníes y sirios buscando refugio debido a la guerra y pidió al PP «menos odio y más compasión» frente a la migración.

«Lo que existe de verdad con la migración es un efecto expulsión. Por ejemplo, cuando un señor en la Casa Blanca decide darle un botón y atacar un país, produce que la gente salga de su país asustada. Esas migraciones que ahora mismo provoca el señor Trump, al que ustedes les parece que todo lo hace bien. Y vamos a tener a las puertas de Europa iraníes y sirios buscando refugio, porque salen expulsados», aseguró la diputada socialista Elisa Garrido.

Del mismo modo, Garrido, durante su intervención, recordó que la regularización se enmarca dentro de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2024, respaldada por cientos de miles de ciudadanos, asociaciones de migrantes, sindicatos y patronales. En este sentido, subrayó que el PP apoyó la toma en consideración de esta ILP y aseguró que ha cambiado de postura en los últimos dos años por competencia política con Vox, buscando «quién es más racista».

Igualmente, Garrido rechazó la idea de una «regularización masiva» y afirmó que esa palabra se la ha «inventado» el PP «para poder tener un enemigo contra el que luchar». Además, destacó que se trata de un procedimiento que «cumple las reglas europeas».

En defensa de la iniciativa del PP, la diputada Sofía Acedo solicitó al Gobierno que renuncie «de manera inmediata» al proyecto de regularización extraordinaria de migrantes, al considerar que se trata de una medida «improvisada, profundamente irresponsable y sin garantías».

Asimismo, criticó que la regularización carece de memoria económica y previsión administrativa y tildó de «inaceptable» que se vaya a realizar, según Acedo, «sin garantizar la ausencia de antecedentes penales y policiales». «Los españoles no vamos a aceptar que ustedes por conveniencia política regularicen a miles de delincuentes en nuestro país», apuntó.

En la misma línea, cargó contra el Ejecutivo por pretender regularizar «a centenares de miles de personas sin poder precisar cuántas personas serán realmente». De hecho, señaló que, según datos de la Policía, «serán en torno a 1,3 millones de inmigrantes entre reagrupaciones familiares y efectos derivados».

PP: «NO A LA REGULARIZACIÓN MASIVA SIN CONTROL»

«Por eso decimos no, no a la regularización masiva sin control y sí a la legalidad, sí a la cooperación internacional eficaz, sí a una política migratoria sería que piense en el presente y en el futuro de España», recalcó.

Por Sumar, Vicenç Vidal, afeó al PP que no recuerde que ya se han hecho otras regularizaciones en España. Además, expuso que la postura de los ‘populares’, afecta directamente a 600.000 personas que apoyaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización y a las asociaciones, sindicatos y patronales que han trabajado para hacerla posible.

Mientras, Ignacio Gil, de Vox, acusó al Gobierno de fomentar una «invasión migratoria» que, a su juicio, provoca «colapso» en la vivienda, la sanidad y los servicios sociales, delincuencia y genera un «agujero» en las arcas del Estado, «en detrimento de atender las necesidades de los españoles».

En este sentido, informó de que los de Santiago Abascal presentaron una enmienda a la moción del PP, que los ‘populares’ no han aceptado, en la que pedían derogar el Reglamento de Extranjería, que dijo que es un «auténtico coladero»; mantener los procedimientos sancionadores de expulsión; incrementar los años necesarios para obtener la residencia de larga duración; impulsar la reemigración de quienes vivan exclusivamente de ayudas públicas; expulsar a extranjeros que delinquen o intenten imponer el islamismo y revocar la nacionalidad española a quienes incurran en conductas graves; y poner fin a cualquier proceso de regularización.

Por Podemos, Noemí Santana indicó que es «injusto» llamar «irresponsabilidad» a regularizar a personas que «viven, luchan y trabajan» en España. «Siembran el discurso del miedo aquí en Madrid, pero luego en los territorios, cuando la realidad les estalla en la cara, acaban pidiendo ayuda», expuso dirigiéndose al PP.

JUNTS PIDE UNA «EVALUACIÓN EXHAUSTIVA»

Por su parte, Josep María Cervera, de Junts, precisó que su formación presentó dos enmiendas a la moción del PP, que tampoco han sido aceptadas por la formación, y subrayó la necesidad de evaluar cualquier regularización extraordinaria y de delegar competencias en Cataluña para gestionar la inmigración. «Nosotros, ya lo saben, condicionamos cualquier regularización extraordinaria a una evaluación exhaustiva de su magnitud y de las consecuencias para nuestro país», aseveró.

Jordi Salvador I Duch, de ERC, avisó de que la irregularidad, «es una categoría administrativa que fabrica miseria». «La gente es inmigrante pero no es imbécil. Si vienen aquí es porque vienen a trabajar. Porque hay una demanda de trabajadores enorme», afirmó.

En cambio, Jon Iñarritu, de EH Bildu, defendió que «las regularizaciones no son un fracaso del sistema, sino son una herramienta para ordenar una realidad social y económica que ya existe».

Maribel Vaquero, del PNV, apostó por un «abordaje responsable» y agregó que su formación entiende la migración «como una oportunidad ante el reto demográfico» pero avisó que «debe gestionarse de manera ordenada, integral, humanitaria y segura». Sin embargo, aseguró que se trata de un «fenómeno estructural», que no se pueden «despachar» con «regularizaciones puntuales cada cierto tiempo».

Finalmente, Àgueda Micó, de Compromís, señaló que la regularización «lo único que pretende es dar derecho y dignidad» a los extranjeros que viven en España.

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