El Congreso insta al Gobierno a reconocer la dimensión «machista» de campañas de acoso contra comunicadoras feministas
MADRID 18 Mar. (Agencias) –
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE por la que insta al Gobierno a «reconocer y visibilizar la dimensión específicamente machista de muchas de las campañas de acoso, hostigamiento y violencia digital dirigidas contra mujeres periodistas y comunicadoras como Cristina Fallarás, Alejandra Martínez, Laura Arroyo o Sarah Santaolalla».
La iniciativa, que se ha aprobado con una redacción pactada con Podemos y distinta a la inicial propuesta por el PSOE, ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos excepto PP, Vox y UPN, que han votado en contra.
El texto final, al que ha tenido acceso Agencias, reivindica «la libertad de información, de expresión y de opinión», y critica las «campañas de acoso y hostigamiento» contra mujeres, no solo periodistas, que defienden posiciones feministas.
En concreto, señala que estas prácticas «constituyen una forma de violencia machista que se manifiesta a través de ataques coordinados en redes sociales, campañas de odio y desinformación, y que en numerosos casos puede derivar en formas de acoso presencial, persecución, hostigamiento en el entorno laboral o en el propio domicilio, con el objetivo de desalentar o impedir la participación pública de las mujeres y, en particular, de aquellas que defienden posiciones feministas».
Además, pide revisar «los criterios de asignación» de la publicidad institucional y «otras formas de financiación pública a medios de comunicación» con el fin de «impedir que exista un control efectivo de determinados medios por parte de actores políticos e institucionales en detrimento del derecho a la libertad de expresión».
Asimismo, propone «reforzar» la «responsabilidad de las grandes plataformas digitales frente a la difusión de campañas de odio, acoso y desinformación dirigidas contra periodistas» promoviendo «mecanismos eficaces de detección, notificación y respuesta frente a contenidos abusivos –incluyendo manipulaciones audiovisuales no consentidas (deepfakes)–, así como el establecimiento de protocolos de atención a víctimas».
Igualmente, sugiere promover «el impulso de infraestructuras, servicios y entornos digitales que contribuyan a garantizar espacios digitales seguros, plurales y respetuosos con los derechos fundamentales, favoreciendo modelos de gobernanza alineados con el interés general».
LOS SOCIOS DE GOBIERNO INSTAN AL PSOE A USAR EL BOE
Durante el debate de la iniciativa, que tuvo lugar este miércoles, los socios de Gobierno instaron al PSOE a usar el Boletín Oficial del Estado (BOE) en lugar de proponer estas iniciativas.
Así, desde Sumar, la diputada Tesh Sidi pidió al PSOE que en lugar de una PNL con «dos puntos», lleven a la Cámara Baja normas que tienen «paradas» como «la ley que dota de capacidad sancionadora a la CNMC contra las plataformas digitales» o «la fiscalización y el registro de todos los medios públicos».
En la misma línea, el diputado de ERC Gabriel Rufián indicó que «esto no debería ser una PNL» sino «una ley». «Ustedes tienen el BOE cada martes, esto debería ser ley, cárcel y multas, no una iniciativa rándom para quedar aquí bien», les afeó. Si bien, tanto Sumar como ERC finalmente han votado a favor de la iniciativa.
Asimismo, desde EH Bildu, la diputada Mertxe Aizpurua advirtió de que hoy el trabajo profesional periodístico libre se ve «amordazado» por «sectores reaccionarios» en medio de «una estrategia perfectamente orquestada de las fuerzas de ultraderecha para generar crispación, odio y enfrentamiento».
A su vez, la diputada de Compromís Àgueda Micó preguntó a la derecha «por qué apuntan a periodistas y colaboradores mientras les ríen las gracias a matones de patio de escuelas» como «Vito Quiles». «Para ustedes libertad de expresión es solo lo que dice Ana Rosa Quintana. Pero qué mala que es Sarah Santaolalla», les reprochó.
La líder de Podemos, Ione Belarra, también mencionó el caso de Santaolalla –que este miércoles se encontraba presente en la tribuna de invitados– a la que «el escuadrista Vito Quiles, ha acosado en la puerta de su casa, en la puerta de su trabajo» o el de Laura Arroyo, a quien «los de Vox y un guardia civil le dijeron que tenía que ser deportada». «¿Qué harían ustedes si les acosaran en la puerta de su casa con su familia?», ha preguntado a los «señoritos de corbata, de traje, todos esos que niegan la violencia de género».
Por su parte, el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea subrayó que «la violencia contra la prensa es incompatible con la democracia» y ha calificado de «trágico que una porción significativa de las agresiones contra las periodistas nazca precisamente y vergonzosamente de llamamientos directos o sutiles por parte de líderes políticos».
Mientras, desde Junts, la diputada Pilar Calvo tachó de «muy peligroso» el «modelo» que plantea el PSOE que «puede acabar utilizándose para limitar la disidencia política o los discursos críticos contra el Gobierno». «¿Esto es defender la libertad de expresión?», preguntó.
Por su parte, la diputada del PP Aurora Nacarino-Brabo pidió al PSOE que «dejen de llamar pseudomedios y máquina del fango a los medios críticos», que «dejen de vetar a periodistas de usar la televisión pública como herramienta de propaganda política».
En la misma línea, el diputado de Vox Manuel Mariscal resumió esta iniciativa en «mordaza y censura para los españoles que sufren las políticas de este Gobierno y libertad de expresión y dinero, mucho dinero público, para aquellos privilegiados que hacen propaganda al Gobierno desde los medios de comunicación». También afeó que «quien sí que se puede quejar en España» es «Sarah Santaolalla cuando un chaval, Vito Quiles, le hace preguntas incómodas».
CL23
