Chile invierte 33 veces más en desarrollo productivo del litio que en investigar cómo proteger los salares

Finalmente, el eje de ciencias sociales y gobernanza, esencial para la evaluación socioambiental y territorial, fue el más acotado, con 931 500 000 pesos (1 028 146 dólares), lo que representa la sexta parte de los fondos para ciencia.

Este eje solo financió dos proyectos, ambos liderados por investigadores de la Universidad Católica del Norte.

El primero, sobre socio-tecnologías del litio, se enfoca en analizar los desafíos para una minería más sustentable e innovadora, conectando el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción con la dimensión social y territorial.

El segundo, denominado geopolíticas de los off-sites del litio (LiOness), se centra en comprender las transformaciones sociales y materiales que la producción minera impone sobre las áreas ubicadas fuera de los salares (los ‘off-sites’). Su objetivo es ofrecer datos empíricos sobre las implicaciones de la actividad en infraestructuras y comunidades situadas lejos de las zonas de extracción.

Todos los proyectos se encuentran actualmente en ejecución, por lo que se espera que los resultados finales de esta primera generación de ciencia sobre litio y salares se entreguen a partir de 2027.

En forma paralela, el 18 de diciembre de 2025, la Anid adjudicó el Fondo de Investigación en Salares 2025.

A diferencia de la primera convocatoria de “anillos”, que distribuyó recursos entre proyectos que versan sobre temas productivos, sociales y ambientales, este nuevo fondo se centró netamente en temas ecológicos con el objetivo de generar conocimiento científico que promueva el equilibrio entre la explotación minera, la conservación y el respeto a las comunidades indígenas.

Bajo una modalidad de asignación rápida, el concurso otorgó un total de 791 920 000 pesos (unos 875 000 dólares).

Estos recursos se repartieron equitativamente en montos de 197 980 000 pesos para cuatro propuestas con un plazo de ejecución de 12 meses. Los proyectos seleccionados centrarán su investigación en tres ecosistemas críticos: el salar Grande, el salar Aguilar y el salar La Isla, cada uno liderado por diferentes universidades nacionales.

La suma de todos los montos destinados a conservación, biodiversidad e investigación socioambiental no alcanzan los 5 000 000 de dólares.

Para la doctora en oceanografía Verónica Molina, partícipe de una de estas iniciativas e integrante del Instituto Nacional de Litio y Salares (INLiSa), la entidad pública mandatada por la Estrategia Nacional del Litio para generar conocimiento, los proyectos de la Anid cumplen un rol social y ambiental que los grandes fondos de Corfo no cubren, abordando así problemas que van más allá del ámbito puramente productivo.

La fortaleza de los proyectos Anillos reside en su carácter interdisciplinario —es decir, que no se centran en una sola disciplina—, lo que fomenta la formación de capital humano y se materializa en un trabajo directo con las comunidades, buscando una ciencia “más vinculada a la coproducción del conocimiento”, según Molina.

Este modelo de descentralización permite que la ciencia se mueva realmente a los territorios. Es precisamente por este enfoque estratégico y descentralizado que el INLiSa tiene la intención de tomar y recoger activamente esta información pública, incluso analizando convenios específicos para incorporar dentro de su plan estratégico.

El INLiSa cuenta con un financiamiento anual proyectado de entre 2500 y 2800 millones de pesos (unos 2,7 a 3,1 millones de dólares) una vez que alcance su plena capacidad operativa.

Este presupuesto asegura una inversión estimada de más de 25 000 000 000 de pesos (23,3 millones de dólares) para los próximos 10 años y tiene la misión dual de generar condiciones para el desarrollo sostenible de la industria y, al mismo tiempo, preservar el valor social y ambiental de los salares.

Para lograr este equilibrio, el instituto articulará cuatro ejes de trabajo que incluyen el eje científico (que busca entender la dinámica de los salares y generar un consenso), el tecnológico (que acelerará la innovación privada creando una plataforma de pilotaje y un catálogo de salmueras) y el eje social y de ciencia ciudadana, que buscarán generar información sobre el impacto sociocultural y crear un repositorio central de conocimiento, valorando el conocimiento ancestral de las comunidades.

Hernán Cáceres, director ejecutivo del INLiSa, fue consultado por esta alianza periodística por la disparidad entre la inversión productiva y tecnológica versus la ambiental y el impacto de las comunidades aledañas a los ecosistemas salinos. Cáceres advierte que clasificar los recursos de manera simple en productivos y ambientales puede ser una visión “simplificada, pues deja de lado matices que son muy relevantes”.

Para el director del INLiSa, el Estado no invierte directamente en la producción de litio, sino que financia la infraestructura social. Al gastar en estudios ambientales y diálogo con comunidades (lo que él llama “gasto habilitante”), el Estado está “pavimentando el camino” y reduciendo los riesgos de conflicto para que, posteriormente, las empresas privadas o estatales puedan operar sin los frenos que hoy genera la desconfianza territorial.

Es este rol de facilitador, según Cáceres, el que justifica el bajo presupuesto directo en las áreas de protección ambiental, contrastándolo con el gigantesco fondo tecnológico y productivo de CORFO.

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