Batalla por el mar en la Patagonia chilena: salmoneras contra comunidades indígenas

Caro y su comunidad, Grupos Familiares Nómades del Mar, viven en el Parque Nacional Kawésqar, la segunda área protegida más grande de Chile, con 2,8 millones de hectáreas. Pero este estatus no libra ni al parque ni a los Kawésqar de la industria del salmón, que está permitida dentro de los parques nacionales, a pesar de la evidencia científica sobre el daño ambiental que causa.

Por esta razón, su comunidad, junto a otras dos, están en el proceso de solicitar un Ecmpo de 300 000 hectáreas dentro del parque, lo que prohibiría efectivamente nuevas salmoneras en esa superficie.

Los nómadas Kawésqar han vivido miles de años navegando entre los fiordos de la zona. La llegada de los colonos europeos durante el siglo XIX casi los extermina. Según Caro, hoy en día quedan menos de 1000 personas.

«Nosotros vivimos un proceso de genocidio hace no mucho tiempo, y se impidió de alguna manera que los Kawésqar sigan navegando», dice. «Pero de a poquito, la población Kawésqar comienza a recuperarse. Dentro de ese proceso, donde ya mucha gente continúa navegando, entre esos mi papá, de pronto aparece la industria repitiendo exactamente la misma historia”.

Las comunidades costeras como la suya se quejan de que la contaminación de las granjas de salmón hace cada vez más difícil la pesca, mientras que el gran número de instalaciones salmoneras bloquea la libre navegación en muchas zonas.

No se trata solo de las comunidades indígenas. Los pescadores artesanales del sur de Chile llevan años denunciando la contaminación relacionada con el salmón, que destruye el ecosistema marino y mata a otras especies.

El mar se queda con muy poco oxígeno y demasiados productos químicos. Mientras que la industria noruega utilizó 709 kilogramos de antibióticos en 2024, la industria chilena (que incluye también a grandes empresas noruegas) utilizó más de 351 toneladas, menos que en 2014 (563 toneladas). Entre 70 % y 80 % de los antibióticos administrados al salmón pueden terminar en el medio ambiente.

«No necesariamente donde está la industria produce daño, sino que también en los otros espacios y en los canales, porque el mar está vivo, es una corriente», dice Caro.

La ley Lafkenche, celebrada fuera de Chile como una legislación pionera en materia de derechos indígenas, es internamente objeto de ataques por parte de la industria del salmón y de políticos de varios partidos, que argumentan que está paralizando la economía y que ha sido mal utilizada por los pueblos indígenas.

“Hemos sido críticos de su aplicación práctica… que ha afectado a todos los habitantes del sur y a distintas actividades productivas, generando una gran conflictividad”, dijo Arturo Clément, presidente de la cámara que agrupa a las empresas salmoneras, en 2024, en una audiencia en el Senado.

El expresidente Eduardo Frei, que ejerce como embajador extraordinario para Asia-Pacífico, dijo por su parte el año pasado: “Tenemos que matar la ley Lafkenche porque está matando la industria del salmón”. E incluso el presidente José Antonio Kast, que asumió su cargo el miércoles 11 de marzo, calificó la ley de “herramienta de chantaje político” y se manifestó a favor de modificarla.

Los ataques se vienen produciendo desde hace tiempo. «En estos años ha habido varias campañas de odio racial contra la ley Lafkenche; esta última es la que sin duda ha tenido mayor impacto en la opinión pública», dice a democraciaAbierta el geógrafo Álvaro Montaña, del Centro de Estudios y Protección del Patrimonio Natural (Cecpan), una organización sin ánimo de lucro.

«El principal problema de la ley, en mi opinión, es que no se respetan los plazos que debería tener el proceso», afirma Montaña.

Aunque no deberían pasar más de dos años y medio desde que se solicita un ECMPO hasta su aprobación o rechazo, en los hechos demora siete años y medio, debido al elevado número de solicitudes y a la falta de fondos públicos.

«Pero es un problema administrativo que podría resolverse», añade Montaña. «Es una ley que funciona: el primer Ecmpo aprobado fue en 2015 y en estos 10 años se han aprobado 42», agrega. En total, se han presentado 125 solicitudes, la mayoría en las regiones de Los Lagos y Biobío.

Otra crítica es la gran extensión de algunas solicitudes de Ecmpo. La administración de un Ecmpo no incluye el uso productivo de la zona, sino que sirve para permitir la navegación ancestral, las prácticas de pesca y recolección y la protección de los espacios considerados sagrados.

«Tomemos el caso de la cueva, ese es un importante sitio arqueológico. Nosotros luchamos contra todo esto. No es solamente la contaminación, es la intromisión cultural, la ruptura de la memoria», dice Caro.

Christian Paredes Letelier, abogado ambientalista del Observatorio Ciudadano, una oenegé que promueve los derechos humanos, dice: “La ley Lafkenche no otorga a las comunidades la propiedad del mar; les concede su administración. Algo muy distinto”.

Además, observa Paredes: «Las comunidades que impulsaron la creación de la ley siempre reiteran que no es un instrumento contra la industria del salmón, es un instrumento de protección para las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios, de las que también se deriva la protección del mar, aunque ese no es el objetivo directo de la ley».

En cuanto a los supuestos abusos cometidos por las comunidades a través de la ley, planteados por empresarios y senadores que representan a la industria salmonera, la afirmación fue refutada por información de la agencia estatal chilena para la pesca Sernapesca.

Ante una solicitud de acceso a la información presentada por el Observatorio Ciudadano, Sernapesca respondió que, desde la promulgación de la ley Lafkenche, no se presentaron quejas ni denuncias de presuntas violaciones o abusos de la legislación.

«Creo que muchas de estas críticas nacen de la desinformación», dice Paredes. «Pero también de la discriminación y del racismo hacia las comunidades indígenas».

Aun así, el mes pasado una comisión del Senado aprobó una enmienda a la ley que está lista para ser votada en el pleno. Los cambios limitan la superficie que puede tener un Ecmpo, obligan a incluir el plan de administración en la solicitud inicial y restringen los derechos de las comunidades en favor de las empresas y otras actividades productivas.

Una asamblea de comunidades Lafkenche rechazó las reformas y pidió al gobierno que proteja sus derechos.

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