El Gobierno salva ‘in extremis’ los Presupuestos Generales de 2026 tras una noche de infarto en el Congreso
Congreso de los diputados
El Ejecutivo logra amarrar los apoyos necesarios en el último minuto gracias a un acuerdo histórico sobre infraestructuras y cesiones fiscales a las comunidades autónomas.
Madrid, 10 de marzo de 2026 – Diario Día –
Tras 48 horas de negociaciones agónicas que amenazaban con dinamitar la legislatura, el Gobierno de coalición ha logrado sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. La votación, celebrada esta misma mañana en la Cámara Baja, ha concluido con una ajustada victoria parlamentaria que aleja el fantasma de la prórroga presupuestaria y otorga al Ejecutivo oxígeno suficiente para encarar la segunda mitad de su mandato.
Concesiones de última hora para evitar el bloqueo
El acuerdo no ha estado exento de dramatismo. Hasta bien entrada la madrugada de este martes, varios de los socios habituales de investidura mantenían su amenaza de abstención o voto en contra. Según han filtrado fuentes del Ministerio de Hacienda, el desbloqueo final ha requerido concesiones significativas en dos frentes clave: la inyección de una partida extraordinaria de 1.200 millones de euros destinada íntegramente al Corredor Mediterráneo y a la modernización de la red de Cercanías, y la apertura del debate para una reforma del sistema de financiación autonómica antes del verano.
«Han sido unas negociaciones duras, pero el país necesitaba certidumbre frente al ruido», ha declarado el portavoz del grupo parlamentario en los pasillos del Congreso nada más finalizar el recuento electrónico. Por su parte, los partidos de la oposición han criticado duramente el pacto, tachándolo de «cheque en blanco» y advirtiendo de que el incremento de las partidas pactadas disparará el déficit público por encima de las previsiones enviadas a Bruselas.
El impulso a los fondos europeos
La luz verde a estas cuentas no solo tiene una lectura en clave interna. Para Moncloa, este hito era un requisito imprescindible exigido por la Comisión Europea para garantizar el desembolso del próximo tramo de los fondos Next Generation, cuya ejecución estaba ligada a una serie de reformas estructurales y compromisos presupuestarios que, a partir de hoy, cuentan con respaldo parlamentario.
