bombardeos estadounidenses-israelíes de Irán: un caso práctico de desprecio por el derecho internacional
OAKLAND, Estados Unidos – La operación «Furia Épica» pone de manifiesto una rabieta épica del presidente Donald Trump, apoyado por sus secuaces aduladores, con graves consecuencias para la población de la región, la paz y la seguridad en todo el mundo, la economía global y el orden jurídico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.
El bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos e Israel viola claramente las normas fundamentales del derecho internacional. Viola la soberanía de Irán, contrariamente al artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
No hay ningún argumento plausible que justifique que Estados Unidos e Israel estén actuando en defensa propia contra un ataque inminente. Tampoco es aceptable el cambio de régimen como justificación para el uso de la fuerza, ya que es contrario al mandato de respetar la independencia política de los Estados.
El secretario general de la ONU, António Guterres, en un diálogo con periodistas tras concluir una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad el 28 de febrero, sobre los ataques iniciados ese mismo día, describió el bombardeo de Estados Unidos en Irán como una «escalada peligrosa».
«Estoy profundamente alarmado por el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Irán hoy», dijo el jefe de la ONU, reiterando que no hay solución militar, en una una de las regiones más volatélis del mundo y que rompe su precario control.
«Se trata de una escalada peligrosa en una región que ya se encuentra al borde del abismo, y una amenaza directa para la paz y la seguridad internacionales», agregó.
Es sorprendente que la administración Trump no haya hecho ningún esfuerzo real por utilizar los mecanismos multilaterales o invocar el derecho internacional. Tanto por sus acciones como por su desprecio por el derecho internacional, la Administración está acelerando la erosión de las normas básicas relativas al uso de la fuerza que se ha venido produciendo durante casi tres décadas tras el fin de la Guerra Fría.
La erosión del marco jurídico que limita formalmente el uso de la fuerza armada ha sido un proceso largo, marcado en el siglo XXI por choques cada vez más frecuentes de guerras a gran escala iniciadas por las grandes potencias con cada vez menos respeto por el derecho y las instituciones internacionales.
La primera de ellas fue la invasión estadounidense de Irak en 2003, preparada por la larga y masiva presencia de Estados Unidos en Iraq y sus alrededores en la década de 1990 y la invasión y ocupación de Afganistán en 2001.
A diferencia del gobierno de Trump, la administración de George W. Bush (2001-2009) al menos hizo un gesto para proporcionar una justificación basada en el derecho internacional para la invasión, pero construyó sus justificaciones para la guerra sobre una base de mentiras.
Luego vino la anexión rusa de Crimea en 2014 y su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, ambas sin ninguna justificación seria basada en el derecho internacional. Ha habido otros casos de agresión en este siglo, como el ataque estadounidense contra Venezuela en enero para secuestrar a su presidente.
Pero las acciones de Estados Unidos en relación con Iraq, las de Rusia en Ucrania y el bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos e Israel destacan como acontecimientos importantes en la erosión de las normas sobre el uso de la fuerza.
En cuanto al programa nuclear de Irán, antes del bombardeo no se encontraba en una fase de desarrollo que justificara una alegación de legítima defensa. En general, durante muchos años ha parecido que Irán tenía capacidad para enriquecer uranio, en parte con el fin de preservar la opción de adquirir armas nucleares en algún momento en el futuro, pero no había tomado la decisión de adquirirlas.
Y fue Estados Unidos, durante la primera administración Trump, quien se retiró unilateralmente del Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, un acuerdo internacional que imponía restricciones efectivas y verificables al programa nuclear de Irán y que había sido negociado con gran esfuerzo.
Los debates sobre el programa de Irán no suelen abordar el hecho de que Israel cuenta con un sólido arsenal nuclear. A largo plazo, no es práctico permitir que algunos Estados tengan armas nucleares y negárselas a otros. La forma más directa de abordar los problemas que plantea la proliferación real de armas nucleares, como en el caso de Corea del Norte, o su posible proliferación, como en el caso de Irán, es avanzar rápidamente hacia la abolición mundial de las armas nucleares.
Otra forma, al menos parcial, es crear nuevas zonas regionales libres de armas nucleares. De hecho, ese enfoque se ha probado en el caso de Oriente Medio. Tanto en el contexto del Tratado de No Proliferación Nuclear como en las Naciones Unidas, se han realizado serios esfuerzos para poner en marcha las negociaciones sobre una zona en Medio Oriente, con la participación voluntaria de Irán.
Sin embargo, Israel y Estados Unidos han boicoteado estos esfuerzos. Esto socava gravemente la legitimidad de su posición, ya que afirman actuar para detener el amenazador programa nuclear iraní.
¿Cuál debería ser la respuesta a estos acontecimientos?
En primer lugar, la invasión de Irán debería condenarse como una agresión ilegal y deberían defenderse las normas básicas de la Carta de las Naciones Unidas, con el objetivo de, al menos, preservarlas para el futuro.
En segundo lugar, debe reconocerse que el mundo está experimentando una gran transformación marcada por el resurgimiento del nacionalismo autoritario, con facciones etnonacionalistas autoritarias en el poder o constituyendo fuerzas políticas significativas en muchos países, incluidos todos los Estados con armas nucleares.
Es necesario ser realistas sobre la naturaleza del desafío y adoptar nuevas formas de pensamiento y formas innovadoras de defensa y política para lograr un mundo más justo, democrático, pacífico y posnacionalista.
Jacqueline Cabasso es directora ejecutiva de la estadounidense Fundación Legal de los Estados del Oeste, con sede en Oakland, en el estado de California. John Burroughs es miembro de la junta directiva de esa fundación.
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