La Rioja y otras seis comunidades autónomas envían a Bruselas el informe del estado de conservación favorable del lobo
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LOGROÑO 27 Feb. Diario Dia –
Los Ejecutivos autonómicos de Cantabria, País Vasco, Galicia, Aragón, Madrid, Castilla y León y La Rioja, han remitido formalmente a la Comisaria Europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, una carta acompañada de una certificación del informe sexenal sobre estado de conservación favorable del lobo en España emitido por la Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano colegiado adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y del que forma parte el Gobierno de España.
Esta decisión se toma, en una acción coordinada de las comunidades con presencia de lobo, tras constatar la negativa del Gobierno de España a cumplir con sus obligaciones legales ante la Comisión Europea. En este sentido, en el escrito trasladan que el Gobierno de España ha incumplido el artículo 17 de la Directiva Hábitats al no comunicar, antes del 31 de julio de 2025, el estado de las especies silvestres protegidas correspondiente al periodo 2018-2024.
Además, los ejecutivos de Cantabria, País Vasco, Galicia, Aragón, Madrid, Castilla y León y La Rioja consideran que esta omisión no es un olvido administrativo «sino una estrategia deliberada para dificultar que se aplique la flexibilización del régimen de protección del lobo que ya ha sido ratificada tanto a nivel europeo como por el propio Parlamento español en la Ley 1/2025».
El informe enviado a Bruselas fue aprobado por el Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano del que forma parte el propio Gobierno de España, y avala técnicamente que la especie goza de un buen estado de conservación. Sin embargo, el Ministerio desconvocó sin motivo justificado la Conferencia Sectorial del pasado 18 de julio de 2025 para evitar que este documento llegara a Europa. La efectividad de la gestión extractiva y el control de la especie para evitar daños a la ganadería dependen de que este informe sea oficial.
La negativa del Gobierno de España a remitir este informe ante la Comisión Europea supone un incumplimiento flagrante de sus obligaciones legales y de la Directiva Hábitats, lo que ya ha derivado en la apertura de un expediente de infracción contra nuestro país en enero de 2026.
Las comunidades firmantes recuerdan que esta actitud impide que se haga efectiva la flexibilización de la protección del lobo recogida en la normativa nacional, bloqueando cualquier posibilidad de realizar una gestión extractiva o controles poblacionales al carecer del aval oficial sobre su estado de conservación favorable. Asimismo, consideran que se está desprotegiendo al sector primario frente a los crecientes ataques, poniendo en serio riesgo la supervivencia económica del medio rural y de nuestros pueblos.
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