Juicios masivos vulneran derecho a una defensa efectiva en El Salvador
SAN SALVADOR – “Mi hijo no es criminal, pero va a ser juzgado como si lo fuera, agrupado a una pandilla”, aseguró Delmy Cortez, madre de Mauricio, un joven salvadoreño que fue capturado hace cuatro años, en las redadas policiales que el gobierno de Nayib Bukele inició en su lucha contra las temidas pandillas en El Salvador.
Mauricio va a ser enjuiciado en un proceso colectivo junto a otros detenidos en el marco de esa política de mano dura, acusados de ser pandilleros, con lo cual se reducen las posibilidades de individualizar su caso y de quedar en libertad.
Los abogados de la estatal Procuraduría General de la República (defensoría pública), que llevan el caso de Mauricio, como el de tantos otros, le adelantaron a la madre, en enero, que él “ya estaba agrupado junto a los de una de las clicas que operaba en la zona”.
Una clica era una estructura pandilleril que operaba en una zona geográfica específica del país, antes de que el populista de derecha Bukele las desarticulara, en marzo de 2022. Mauricio se encuentra encarcelado en La Esperanza, una prisión localizada en el norte de San Salvador, la capital del país.
“Para mí es muy difícil saber que mi hijo ya está agrupado a una clica, él no es un criminal”: Delmy Cortez.
Desde la captura de Mauricio, la familia ha enfrentado incertidumbre sobre el avance y las condiciones en que se desarrollará el juicio, dado que la información del proceso es escasa y los familiares no tienen derecho a visitarlo o a llamarlo por teléfono.
“No lo he vuelto a ver desde que lo capturaron, hace cuatro años”, afirmó la madre.
En esos procesos colectivos los acusados enfrentan la audiencia virtual desde varias cárceles, simultáneamente, por medio de un sistema de video.
Incluido en una “clica”
“Para mí es muy difícil saber que mi hijo ya está agrupado a una clica, él no es un criminal”, insistió la madre, de 51 años.
La audiencia se realizaría pronto, le dijeron los abogados, probablemente en marzo.
Cortez vive en La Noria, una de las comunidades de pescadores y agricultores asentadas en el Bajo Lempa, una región costera en la jurisdicción de Jiquilisco, en el este de El Salvador. Ahí residía también Mauricio cuando una patrulla policial se lo llevó detenido, en junio de 2022.
Ella contó que su hijo estaba departiendo con un familiar en la cancha de fútbol de La Noria cuando los agentes lo interrogaron brevemente y se lo llevaron al puesto policial de Tierra Blanca, a unos pocos kilómetros de distancia.
“Él no andaba malos pasos, es un muchacho trabajador, laboraba en una cooperativa agrícola, La Maroma”, acotó a IPS la madre de Mauricio, de quien no quiso mencionar el apellido, “para no afectarlo en el juicio”. “También le ayudaba como albañil a su papá”, detalló.
“Los soldados y policías que lo capturaron me dijeron que habían recibido una llamada anónima, desde San Salvador. Les dije que eso era ilógico, pues cómo es que lo detuvieron en La Noria por medio de una llamada anónima desde San Salvador”, subrayó la madre.
Y añadió: “Yo me enojé y le dije cosas al policía. Le dije que solo estaban capturando a muchachos inocentes para llegar al número de capturas que les habían pedido sus superiores, estaban cumpliendo con una cuota que el gobierno les había puesto”.
Este también es un alegato de los defensores de derechos humanos dentro y fuera del país sobre la captura indiscriminada de jóvenes, pertenecientes o no a las pandillas.
En marzo de 2022, la unicameral Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, aprobó el régimen de excepción: una ofensiva contra pandillas que incluyó redadas masivas en barrios y comunidades, además de suspender varios derechos constitucionales.
El régimen de excepción es una figura prevista desde hace décadas en la Constitución salvadoreña. Aunque concebido como una medida temporal, ha sido prorrogado mensualmente por la Asamblea Legislativa desde su entrada en vigor, manteniéndose activo de forma ininterrumpida.
Hasta ahora son más de 90 000 las personas encarceladas bajo esa estrategia, y se entiende que la mayoría son, en efecto, pandilleros, porque muchos de ellos ya estaban ubicados previamente por la policía y fueron los primeros en ser capturados. Además, los tatuajes alusivos a esas agrupaciones delictivas los delataron.
Y si bien el gobierno ha logrado desarticular, con gran éxito, las pandillas, organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias de personas inocentes.
Incluso el sistema judicial del país, también controlado por Bukele, ha permitido que unas 8000 personas sigan la fase de instrucción o investigación en libertad, señal de que las autoridades judiciales no las consideran pandilleros, de lo contrario no les darían ese beneficio.
Mauricio tiene una hija que tenía 3 años cuando él fue capturado. Ahora ella tiene 7 y pregunta por su padre, narró Cortez, su abuela.
“La niña tiene la esperanza de que su papá va a regresar un día y la va a llevar al parque, a mí se me parte el corazón cuando la oigo decir eso”, contó Cortez, con la voz entrecortada.
Se juzga en masa, no individualmente
Los juicios masivos surgieron tras las reformas aprobadas en julio de 2023 al Código Procesal Penal y a la Ley contra el Crimen Organizado, promovidas por Bukele, en el poder desde 2019. Esos procesos reducen o anulan el margen para examinar de forma individual la situación legal de cada persona.
Para la abogada y analista Bessy Ríos, el problema es que ha cambiado el aforismo de presunción de inocencia: todos los incluidos en la causa penal se presumen culpables, contrario a lo que establece el derecho penal.
“En El Salvador ya no hay principio de inocencia, sino de culpabilidad, y eso es grave con relación a la vulneración de los derechos humanos y del debido proceso”, señaló Ríos a IPS.
Añadió que, por ejemplo, si se juzga el asesinato de una persona, ocurrido en una zona determinada, donde dominaba la clica de ese lugar, conformada por 100 pandilleros, “entonces los 100 son condenados por ese asesinato, hayan o no participado en el crimen, porque se considera que es la estructura la que se juzga”.
En ese caso, el riesgo de condenar a personas inocentes, detenidas sin evidencia, es altísimo, al ser incluidas en esas estructuras.
La organización internacional Human Rights Watch aseguró en su informe de junio de 2025, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que la realización de audiencias masivas en El Salvador plantea serias dudas sobre el respeto al debido proceso y la capacidad de los tribunales para evaluar responsabilidades penales de manera individualizada.
Amnistía Internacional también advirtió en diciembre de 2024 que los procesos colectivos implementados bajo el régimen de excepción han debilitado garantías judiciales fundamentales, al dificultar que las personas detenidas ejerzan plenamente su derecho a defensa.
Ese derecho a la defensa es uno de los que ha quedado anulado, desde el inicio del régimen de excepción.
Desde las reformas legales que dieron luz verde a las audiencias colectivas, se han celebrado ya varios de esos procesos judiciales.
En enero de este año, 58 personas, acusadas de ser miembros de la pandilla Mara (MS13), fueron llevadas al banquillo por su presunta vinculación con una cadena de delitos, como homicidios y extorsiones.
En febrero de 2024, otras 500 personas, todas presuntamente miembros de la MS13, también enfrentaron la justicia tras imputárseles responsabilidad en 32 000 delitos cometidos durante una década, entre 2012 y 2022, incluyendo unos 500 homicidios.
Entre los imputados se encontraban 24 líderes “históricos” de la MS, es decir, jefes con poder de decisión, como una suerte de alto mando.
La audiencia masiva celebrada en febrero de 2024 no marcó el cierre del caso, sino el inicio de un proceso penal a gran escala que permanece en etapa de instrucción y mantiene a cientos de imputados en detención provisional mientras la investigación continúa ampliándose.
El gobierno justifica los juicios colectivos porque el número de capturados es elevado y los tribunales del país no tienen la capacidad para juzgarlos individualmente.
El viacrucis de una madre
Santos de Jesús Mendoza, de 71 años, es la madre de Isaac, un joven de 29 años que también fue capturado en el marco del régimen de excepción, en mayo de 2022. Él tenía 25 cuando se le detuvo.
Mendoza reside en la comunidad Presidio Liberado, del cantón La Canoa, también en el distrito de Jiquilisco.
Según relató Mendoza a IPS, un grupo de policías y soldados llegó a la vivienda familiar cuando el joven se disponía a bañarse, luego de regresar del taller automotriz donde trabajaba como aprendiz de mecánico.
“Solo mencionaron un apodo, nunca dijeron su nombre”, contó Mendoza. “Yo les dije que mi hijo no es ningún delincuente”.
El joven fue trasladado inicialmente a la delegación policial de Usulután, una ciudad cercana. Su madre acudió a pedir su liberación, pues les aseguró a los captores que su hijo “ni sale de noche, solo del taller a la casa, es un trabajador”, pero fue acusado de colaborar con pandillas.
“Una madre conoce bien a sus hijos. Yo doy fe de que él es una persona honesta”, afirmó.
Tres días después de permanecer en las bartolinas policiales, Isaac fue trasladado a La Esperanza, la misma prisión donde también está preso Mauricio.
La madre de Isaac viajó hasta ese penal con la esperanza de gestionar su liberación, algo que nunca ocurrió. Mientras aguardaba noticias, pasó dos semanas ahí en las afueras del presidio.
Era temporada de lluvias y compró un trozo de plástico para protegerse, bajo el cual dormía durante las tormentas. Durante el día, un pequeño negocio de comida casera de la zona le permitía realizar tareas de limpieza y lavado de utensilios a cambio de algo de alimento.
“Al final perdí la fe y me regresé”, relató Mendoza, aunque ahora ha recobrado la esperanza de que su hijo salga libre.
Isaac tenía 25 años cuando fue detenido y permanece en prisión preventiva desde entonces. Actualmente está próximo a cumplir 29 años mientras espera ser juzgado dentro de juicio masivo.
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