El juzgado del ‘caso Koldo’ recibe el ‘caso Plus Ultra’ en la Audiencia Nacional, que analiza si asumirlo
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MADRID, 27 Diario Dia
El juzgado que investiga el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional (AN) ha recibido del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid inhibición para que decida si asume la causa sobre el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió como rescate en pandemia a la aerolínea Plus Ultra y el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.
Fuentes jurídicas han confirmado a Agencias este viernes que la jueza de Plaza de Castilla a cargo de la causa ha planteado traspasar la competencia de la investigación a la AN y la cuestión ha caído en manos del juzgado que dirige Ismael Moreno.
No obstante, como Moreno se inhibió en 2024 y fue su compañero José Luis Calama quien rechazó admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso –entendió que no era competente y la derivó al Juzgado de Instrucción Número 15, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea y acabó archivándolo–, será este segundo magistrado quien resuelva si la AN es competente para la causa.
La jueza de Plaza de Castilla, que ha decidido inhibirse mientras la causa sigue bajo secreto, fue la que ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez.
Según fuentes jurídicas, ese juzgado venía indagando en los hechos denunciados por Anticorrupción, pero no solo. La Fiscalía denunció el «uso indebido» de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva».
Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.
La constituirían –explicaba la AN en un auto al que tuvo acceso esta agencia de noticias– «personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español», y estaría «dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados».
FONDOS DE ALIMENTOS SUBSIDIADOS
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de «muy alta cuantía», concretamente de «fondos públicos de programas CLAP», impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y «ventas de oro del Banco de Venezuela».
«La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal», sostenía.
Anticorrupción refería las «conexiones» de la supuesta organización criminal con «clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente».
La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados.
También mencionaba la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá y que para las actividades de blanqueo «se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo».
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