MADRID, 8 Feb. –

Relatores de la ONU expertos en Derechos Humanos han dado la voz de alarma sobre la situación de las personas en los campamentos de desplazados de Al Hol y Roj, en el noreste de Siria, y han instado a más de medio centenar de países, entre ellos España, a hacerse cargo de las mujeres y niños que están atrapados en estas zonas por su supuesta vinculación con miembros de grupos armados.

Más de 64.000 personas viven en los citados campamentos, en su mayoría mujeres y niños, en «condiciones humanitarias extremas». Los relatores han asegurado que las condiciones de «violencia, explotación, abuso y privaciones» en las que viven podrían equivaler a crímenes internacionales, susceptibles por tanto de ser castigados en órganos como el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Los expertos, que han aludido también a que «un número indeterminado» de personas habrían fallecido por las condiciones de reclusión a la que han sido sometidos, han opinado que es momento de una acción «colectiva, sostenida e inmediata» por parte de la comunidad internacional.

En este sentido, han recordado que los países tienen la «responsabilidad» de actuar para proteger a los ciudadanos que puedan estar en situaciones extremas, «especialmente mujeres y niños». En contextos como el del noreste de Siria, han añadido, «las acciones u omisiones de los Estados pueden afectar positivamente a los Derechos Humanos de estos individuos».

Los relatores han abogado por emprender procesos de repatriación conforme al Derecho Internacional o por evitar que estos traslados puedan derivar en nuevas situaciones de abuso, promoviendo por tanto la integración y favoreciendo la atención de los traumas que hayan podido derivarse de la estancia de estas personas en territorio sirio.

Por otra parte, los expertos se han sumado a las dudas ya expresadas por la oficina de Derechos Humanos de la ONU en relación al proceso de recogida de datos llevado a cabo en los campamentos en julio de 2020, porque se trata de informaciones privadas y existen dudas sobre su uso.

Temen que este estudio, teóricamente destinado a evaluar amenazas para la seguridad, termine de estigmatizar a las familias con supuestos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico. Asimismo, han denunciado que los actores humanitarios hayan permanecido al margen, al igual que el personal médico.

CL11

MADRID, 8 Feb. –

Relatores de la ONU expertos en Derechos Humanos han dado la voz de alarma sobre la situación de las personas en los campamentos de desplazados de Al Hol y Roj, en el noreste de Siria, y han instado a más de medio centenar de países, entre ellos España, a hacerse cargo de las mujeres y niños que están atrapados en estas zonas por su supuesta vinculación con miembros de grupos armados.

Más de 64.000 personas viven en los citados campamentos, en su mayoría mujeres y niños, en «condiciones humanitarias extremas». Los relatores han asegurado que las condiciones de «violencia, explotación, abuso y privaciones» en las que viven podrían equivaler a crímenes internacionales, susceptibles por tanto de ser castigados en órganos como el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Los expertos, que han aludido también a que «un número indeterminado» de personas habrían fallecido por las condiciones de reclusión a la que han sido sometidos, han opinado que es momento de una acción «colectiva, sostenida e inmediata» por parte de la comunidad internacional.

En este sentido, han recordado que los países tienen la «responsabilidad» de actuar para proteger a los ciudadanos que puedan estar en situaciones extremas, «especialmente mujeres y niños». En contextos como el del noreste de Siria, han añadido, «las acciones u omisiones de los Estados pueden afectar positivamente a los Derechos Humanos de estos individuos».

Los relatores han abogado por emprender procesos de repatriación conforme al Derecho Internacional o por evitar que estos traslados puedan derivar en nuevas situaciones de abuso, promoviendo por tanto la integración y favoreciendo la atención de los traumas que hayan podido derivarse de la estancia de estas personas en territorio sirio.

Por otra parte, los expertos se han sumado a las dudas ya expresadas por la oficina de Derechos Humanos de la ONU en relación al proceso de recogida de datos llevado a cabo en los campamentos en julio de 2020, porque se trata de informaciones privadas y existen dudas sobre su uso.

Temen que este estudio, teóricamente destinado a evaluar amenazas para la seguridad, termine de estigmatizar a las familias con supuestos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico. Asimismo, han denunciado que los actores humanitarios hayan permanecido al margen, al igual que el personal médico.

CL11