28 enero 2021
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“Es un intercambio”, dice el mismo funcionario del gobierno. “Te dejamos entrar, pero solo si traes algo de valor para nosotros. Las personas que están relacionadas con las pandillas son las primeras en recibir la asistencia”.

Es un patrón que algunos observadores no gubernamentales dijeron que también habían visto.

“Incluso antes de que Bukele asumiera el poder, los equipos del alcalde que Marroquín dirigía trabajaban con las comunidades”, afirma Mario Vega, un pastor evangélico que ha trabajado con pandillas en San Salvador y sus alrededores, y que fue consultado por InSight Crime.

“Fue una comunicación indirecta con las pandillas a través de líderes comunitarios y familiares [de los pandilleros]. No se les ofrecía pagarles dinero, pero sí [hubo] un intento de ofrecer apoyo a largo plazo si los homicidios se reducían. Lo que se dijo fue: ‘Si pacifican la zona, el gobierno hará inversiones a largo plazo’”, dijo.

Vega agrega que los programas de asistencia financiados por el gobierno durante el coronavirus estaban siendo administrados por las pandillas en los barrios donde ejercían una fuerte influencia.

Jeannette Aguilar, experta en seguridad e investigadora sobre pandillas, dice que también tuvo conocimiento directo del programa de ayudas, que incluía el control de las pandillas sobre los programas de asistencia. Afirma que agentes militares le dijeron que era necesario entregar las provisiones para aliviar los estragos causados por el coronavirus directamente a las pandillas.

“Ese es el trato”, son las palabras que, según Aguilar, les dijo el comandante de la policía al personal militar cuando estos preguntaron por este acuerdo.

La policía y el ejército salvadoreños no han hecho comentarios públicos al respecto.

Comunicaciones en las prisiones

Durante la tregua de pandillas en 2012, los funcionarios trasladaron a los líderes de las tres facciones más grandes de las pandillas —la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios— de la instalación de máxima seguridad del país a otras prisiones. En parte, esto se hizo para que pudieran ver a sus familias y seres queridos más a menudo, pero también para que pudieran restablecer el control sobre sus filas y así hacer cumplir la tregua.

Cuando la tregua se disolvió en 2014, los líderes de las pandillas fueron transferidos de nuevo a la prisión de máxima seguridad, y el gobierno cortó las líneas de comunicación.

Sin embargo, todas las fuentes que InSight Crime consultó, incluidas varias que entran y salen de las prisiones con frecuencia y hablan con pandilleros, dijeron que desde que Bukele asumió el poder, la comunicación entre los líderes encarcelados y los que están libres ha sido más fluida.

Las fuentes dicen que los funcionarios gubernamentales estaban facilitando esta comunicación llevando y trayendo mensajes de las prisiones o facilitando el contacto directo entre los líderes en las calles y los líderes en las prisiones.

El agente antipandillas habla de interacciones “cara a cara” dentro de las prisiones (afirmación respaldada por los documentos obtenidos por El Faro). Además, otra fuente antipandillas le dijo a InSight Crime que ahora estaban interceptando menos mensajes de las pandillas, lo que según la fuente es un indicio de que hay comunicaciones más directas entre los líderes en las prisiones y los que están libres.

Facilitar este contacto entre los que están en las prisiones y los que están por fuera parece ser una parte esencial del pacto informal. Cuando el gobierno intentó restringir las visitas en las prisiones poco después de que comenzara la pandemia, las pandillas supuestamente reaccionaron con una oleada de violencia que dejó como resultado al menos 76 muertos en un periodo de cinco días a finales de abril.

Según le dijeron las fuentes a InSight Crime, dichos asesinatos fueron una señal. Aunque los homicidios estuvieron inicialmente relacionados con una reacción de Barrio 18 Revolucionarios tras la captura de uno de sus líderes, ocurrieron en zonas predominantemente controladas por la MS13.

Esta es la mayor de las tres pandillas más grandes de El Salvador, y el funcionario del gobierno que tiene conocimiento directo del pacto dice que sus negocios eran sobre todo con la MS13. (Los documentos citados por El Faro llegan a una conclusión similar.)

La fuente del gobierno que tiene conocimiento del pacto, el agente antipandillas, el agente de inteligencia de la policía y un asesor de la policía dicen que una de las exigencias de las pandillas era dar marcha atrás a la política del gobierno de mezclar a los pandilleros en las mismas celdas.

Las pandillas han sido separadas por facciones en prisiones distintas, lo que les permite mantener el control sobre sus filas y utilizar las prisiones como base para operaciones criminales.

Esta mezcla en las prisiones había comenzado durante la administración anterior, pero el gobierno hizo un espectáculo de este proceso a finales de abril después de la oleada de asesinatos, cuando expuso varias fotos impactantes de pandilleros sentados en cuclillas y en filas en el piso de una prisión, así como una serie de fuertes declaraciones.

“Este día se acabaron las celdas de una misma pandilla”, escribió en un tuit el jefe de prisiones, Osiris Luna. “Hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda en todos los centros penales. ¡El Estado se respeta!”

Sin embargo, el asesor policial le dijo a InSight Crime que las fotos eran parte de un espectáculo, dado que el pacto ya estaba en marcha.

“Ya habían llegado a un acuerdo”, dijo el asesor, refiriéndose al acuerdo del gobierno de volver a segregar a las pandillas.

Tras el informe de El Faro en septiembre, el gobierno organizó una gira mediática por las prisiones para demostrar que estaba cumpliendo sus promesas de integrar a las pandillas en las mismas celdas. Luego de la publicación de más imágenes y videos, esta vez por medios internacionales, se hicieron otras fuertes declaraciones.

¿Estrategia antipandillas o campaña política?

Según la fuente del gobierno salvadoreño que tiene conocimiento directo de las interacciones, así como la fuente de la lucha antipandillas y las fuentes policiales, parte del quid pro quo es que las pandillas abran espacio para que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, pueda hacer campaña.

Lo que esto significa en la práctica es que Nuevas Ideas tendría la exclusividad de hacer campaña en áreas controladas por pandillas en el periodo previo a las elecciones legislativas y municipales en febrero de 2021.

Se cuenta con pocos detalles, especialmente porque las campañas se han visto obstaculizadas debido al coronavirus, pero existen antecedentes de este tipo de arreglos. Las pandillas negociaron un acceso similar con los dos principales partidos políticos del país durante las elecciones presidenciales de 2014.

CL14