El Comité de alcaldes de la FSA-PSOE ve «un paso adelante» en el acuerdo para usar el remanente y espera más avances
OVIEDO, 30 Jul. –
El Comité de alcaldes, alcaldesas y portavoces en la Oposición de la FSA-PSOE ha valorado este jueves como «un paso adelante» el acuerdo para permitir a los ayuntamientos el uso de una parte de sus remanentes.
«Seguimos reclamando que se nos permita usar el 100% de nuestros ahorros, no cejaremos en esa reivindicación, pero poder utilizar el 50% es un avance», destacó el secretario de Política Municipal de la FSA-PSOE, Iván Fernández.
Según apuntan desde la FSA-PSOE en nota de prensa, Fernández también ha mostrado su confianza en que en el futuro próximo «se puedan conseguir nuevos avances a través del canal de comunicación existente entre la FEMP y el Gobierno de España».
«Estamos intentando corregir las nefastas consecuencias de la ley que el PP aprobó en 2012 y que tanto daño ha hecho a los ayuntamientos», indicó el secretario de Política Municipal de la FSA-PSOE. El acuerdo, detalló, tiene la ventaja de que los ayuntamientos podrán movilizar una parte del remanente «de forma inmediata», mientras que la alternativa que permitiría movilizar el 100% de esos recursos obligaría a una serie de modificaciones normativas que dilatarían la aplicación de esa medida en el tiempo. «No renunciamos a poder usar todos nuestros ahorros para invertirlos en nuestros municipios y en nuestros vecinos, pero este acuerdo es un paso adelante», recalcó.
Fernández explicó que el acuerdo «es voluntario y no obligatorio y al que por tanto podrán adherirse aquellos ayuntamientos que así lo consideren oportuno». Citó, por ejemplo, que también se podrá utilizar el superávit de 2019; que se da apoyo financiero a aquellos ayuntamientos que no tienen superávit ni remanente; que en 2020 no se aplicará el «corsé» de la regla de gasto que «asfixia» a los consistorios; que se mantiene la transferencia de 2020 a los ayuntamientos aunque los ingresos del Estado han caído; que se produce una aportación extraordinaria de 600 millones procedente de la liquidación de 2018; o que se pone a los consistorios a la altura de las comunidades autónomas y se les permite participar de los recursos del fondo europeo de recuperación.
