24 enero 2022

AI cree que la situación de los menores migrantes no cambiará hasta modificar el sistema de determinación de edad

AI cree que la situación de los menores migrantes no cambiará hasta modificar el sistema de determinación de edad
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MADRID, 19 Oct. –

Amnistía Internacional (AI) ha asegurado que, aunque la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, pueda significar «un paso adelante», la situación de los menores migrantes «no se resolverá» hasta que «no se revise profundamente el sistema de determinación de la edad».

La entidad ha denunciado que son estos niños los que sufren «las peores consecuencias de la caótica acogida» del país y, específicamente en Canarias, en donde en donde 1.100 de los 2.424 acogidos en el archipiélago, están «a la espera de pruebas de determinación de la edad» o «pendientes de alguna prueba o trámite».

Según testimonios recogidos por AI algunos, a pesar del paso del tiempo, todavía «no existen» para el sistema, puesto que no han sido registrados de ninguna manera por la Policía.

Es por eso que, aunque la organización ve «positivo» que se apruebe la reforma del reglamento de extranjería para «facilitar la gestión de los permisos de residencia» y asegurar «que lleve aparejado permiso de trabajo a partir de los 16 años», entre otras medidas, cree no es suficiente mientras no se revise el sistema de determinación de la edad o se hagan cambios ante la actual falta de corresponsabilidad territorial en la protección de menores no acompañados.

TRÁMITES CON «INTERMINABLES ESPERAS»

«Muchos menores, debido a la desinformación existente, tienen miedo de revelar su edad cuando llegan», ha explicado el director de AI España, Esteban Beltrán. A su juicio, «la falta de mecanismos adecuados para su identificación» provoca que estos niños terminen en centros de adultos «durante meses» o «expulsados» de los centros de menores sin acceso a recursos.

«Otros, a pesar de haber sido considerados como menores, también se han tenido que enfrentar al colapso de la administración. Los retrasos han provocado que algunos estén alcanzando la mayoría de edad sin que su situación se resuelva. Mientras tanto, están en un limbo sin derechos», ha denunciado Beltrán.

AI señala, en este sentido, las «interminables esperas para la realización de todos los trámites» que tienen que sufrir estos menores y que «acrecientan la ansiedad y la inestabilidad» que padecen.

FALTA DE ACCESO A PROTECCIÓN INTERNACIONAL

La organización también denuncia, a través de los testimonios recogidos, que existen obstáculos a la hora de poder acceder a protección internacional por parte de los menores migrantes. Entre otros, ha recabado testimonios que señalan cómo las autoridades exigen a los menores tener al menos 16 años para poder pedir asilo, o tener un decreto de minoría de edad, es decir, haber finalizado los trámites para confirmar que es un menor.

Desde AI advierten de que «esos requisitos no tienen ningún tipo de base legal y no son más que impedimentos para que los niños y niñas que huyen de violaciones de derechos humanos puedan acceder a la protección a la que tienen derecho». «Es inaceptable que por la falta de diligencia de las autoridades españolas estos menores también terminen indocumentados en situación de calle», ha señalado Virginia Álvarez, responsable del área de Derechos Humanos de la entidad.

Beltran ha criticado, en este sentido, la «falta de un enfoque de infancia para atender adecuadamente a los niños y niñas que están arribando a España», con independencia «del territorio concreto al que llegan». A su juicio, esta situación «está mermando gravemente el acceso a sus derechos».

«Tampoco es aceptable que el gobierno español delegue toda la responsabilidad en una comunidad autónoma que, por otro lado, tiene dificultades para proporcionar atención adecuada a menores no acompañados como también sucede por ejemplo en el caso de Ceuta y Melilla», ha añadido.

PETICIONES

Con este escenario, AI reclama una revisión en profundidad del sistema actual de atención a los niños y las niñas que llegan solos a España para garantizar que se cumple con el principio del interés superior del menor.

Además, propone como «medidas urgentes», el establecimiento de instalaciones de acogida adecuadas para los menores con mecanismos ágiles de corresponsabilidad territorial; acelerar los procedimientos relativos a la determinación de la edad; facilitar procesos ágiles de documentación e itinerarios para garantizar su integración en la sociedad; asegurar que los menores no acompañados tienen acceso a servicios, educación y atención médica; y asegurar su acceso a información sobre sus derechos y al procedimiento de asilo.

CL23