26 octubre 2021
Bachelet reclama por derechos ambientales y sociales en Venezuela
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GINEBRA – La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, elogió el diálogo político iniciado en México entre el oficialismo y la oposición de Venezuela, a la vez que destacó su preocupación por la situación de los derechos sociales, económicos y ambientales en ese país.

“Confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos”, dijo Bachelet al presentar este lunes 13 un nuevo informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.

El informe, que abarca el período junio 2020-junio 2021, señaló que continuaron “las protestas relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, principalmente para exigir el acceso a servicios básicos adecuados, derechos laborales, vivienda, combustible, servicios de salud y alimentos”.

Bachelet subrayó que para los venezolanos “los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado”.

“Confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos”: Michelle Bachelet.

Su informe colocó el ejemplo del aumento en mayo del salario mínimo mensual de 1,8 a siete millones de bolívares, que equivalían entonces a 2,40 dólares, y que el gobierno informa de pensiones a 4,5 millones de beneficiarios, pero ellas fluctúan entre dos y cinco dólares al mes, y no se indexan a la hiperinflación.

Otro ejemplo citado es el de los bajos ingresos de los trabajadores del sector público, como maestros y médicos, lo que llevó a la gremial Federación Médica a estimar que la mitad de los médicos y médicas de Venezuela salieron del país, entre los 5,6 millones de migrantes de la última década,

El reporte registró que el salario de enfermeros o enfermeras al servicio del Estado ha oscilado entre dos y cinco dólares al mes, y destacó que la pérdida de profesionales de la salud impacta la capacidad del país para responder a la covid-19.

Se incluyó la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, un área de 112 000 kilómetros cuadrados dentro de la cual, así como en otros grandes espacios del sureste, la minería de oro, diamante y coltán devasta el ambiente y perjudica a los pueblos indígenas, según sus organizaciones.

La oficina de la alta comisionada (Acnudh) registró falta de transparencia de las empresas del Estado que actúan en el área, y de acción pública para frenar la minería ilegal y las actividades de grupos armados no estatales que operan en las zonas mineras, denominados “sindicatos”.

También que continúan los derrames petroleros en ríos, lagos y zonas costeras, afectando parques nacionales o refugios de vida silvestre, y consideró “imperativo que el gobierno implemente efectivamente un marco regulatorio ambiental sobre la industria petrolera”.

En cuanto a los pueblos indígenas, el informe subrayó el impacto negativo de la expansión de la minería sobre sus derechos a tierras, territorios y recursos, y que Acnudh recibe alegaciones de muertes y amenazas contra líderes indígenas en las zonas mineras por parte de los delictivos “sindicatos”.

Bachelet también dijo que “me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas”.

Asimismo, volvió a pedir que se levanten o alivien las sanciones o medidas económicas unilaterales que han tomado Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea contra responsables civiles y militares del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y empresas y otras entidades del Estado venezolano.

Confió en que el diálogo político iniciado en México por el oficialismo y la oposición, en el contexto de aguda polarización política que el país soporta desde hace dos décadas, “pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos”.

También acogió con satisfacción “el compromiso de las autoridades con mi oficina, y confío en que seguiremos profundizando en nuestra cooperación”.

En los últimos dos años la misión de Acnudh en Venezuela ha contado con seis funcionarios y se prevé aumentar su número a 12.

La cancillería venezolana respondió con una declaración en la que destaca el reconocimiento de “los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra el país a partir del año 2014”.

Al mismo tiempo, Caracas consideró “lamentable que el referido informe reproduzca las fallas metodológicas presentes en documentos previos” sobre violaciones de derechos y criminalización de sus defensores, pues “se inscriben en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela”.

A-E/HM

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