26 octubre 2021
Bancos centrales de América Latina relegan crisis climática
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MÉXICO –  A pesar de su influencia sobre la emergencia climática, los bancos centrales latinoamericanos aún evaden la aplicación de lineamientos en sus medidas, que incidan  en la operación de las instituciones crediticias, lo cual los aleja del cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Ilan Zugman, director en América Latina de la organización no gubernamental internacional 350, promotora de una transición energética que elimine el uso de combustibles fósiles, señaló que los bancos centrales tienen el poder para regular que las entidades financieras dejen de aportar recursos para actividades contaminantes.

Los bancos centrales “pueden decir a la banca que no pueden hacer préstamos para empresas que agraven más la crisis climática. Hay mucho espacio para un rol más fuerte”, dijo a IPS desde la sureña ciudad brasileña de Curitiba.

“Pero hasta el momento, sucede en pocas partes, hay muy pocos ejemplos en el mundo. En América Latina no hay nada de eso. Están más demorados, vemos más palabras que acciones”, destacó.

La crisis climática implica retos para los emisores de bonos financieros, inversionistas, aseguradoras, prestamistas y reguladores bancarios y financieros, por lo cual esas entidades deben analizar y difundir cómo afecta a su negocio y cómo este impacta a la sociedad y al ambiente y en particular al clima.

América Latina es una región altamente vulnerable a los impactos de la crisis climática, como tormentas más intensas, inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar, y el costo de no tomar medidas es altísimo, como han alertado científicos y organismos internacionales.

En la región, solo el Banco Central de Brasil (BCB) ha avanzado, aunque sin completar todavía un esquema integral de normas al respecto, al aplicar su primera regulación sobre manejo del riesgo y responsabilidad socioambiental, establecida en 2014.

Para hacerla efectiva, lanzó este año tres consultas públicas sobre requerimientos para la gestión de riesgos, informes y política de responsabilidad social, ambiental y climática. La norma cobrará vigencia el 1 de enero próximo, luego del fin de las consultas en junio.

La institución aplicará los requisitos de divulgación este año, en una primera fase que aborda aspectos cualitativos de gobernanza, estrategia y gestión del riesgo, y una segunda sobre facetas cuantitativas, como métricas y metas.

Pero ninguna entidad latinoamericana ha informado de su exposición a las consecuencias de la crisis climática.

“Las industrias no quieren dejar atrás sus actividades. Ejercen mucha presión sobre gobiernos y ejecutivos de bancos. Necesitamos mostrar de una manera más clara qué pasa con los riesgos climáticos, las pérdidas que pueden tener los gobiernos y los bancos centrales si no detenemos la crisis climática”: Ilan Zugman.

Para Amaury Oliva, director de Sostenibilidad, Ciudadanía Financiera, Relaciones con el Consumidor y Autorregulación de la privada Federación Brasileña de Bancos (Febraban), el sector reconoce “su papel y responsabilidad” en la ampliación de la financiación de las actividades que contribuyen a la reducción de emisiones contaminantes (mitigación) y adaptación al cambio climático.

“Es importante mejorar continuamente los procesos para gestionar y mitigar los riesgos asociados a los problemas climáticos en las actividades de los bancos y en sus negocios con los clientes, con el fin de mantener la estabilidad y resiliencia del sector financiero en este proceso de transición”, explicó a IPS desde São Paulo.

A juicio del directivo de la asociación de 119 entidades financieras, “las instituciones deben trabajar para informar cómo están incorporando los problemas climáticos en sus estrategias y procesos de gestión de riesgos”.

En los últimos tres años, los bancos centrales de todo el mundo han elaborado análisis sobre la necesidad de contar con lineamientos climáticos, al reconocer que el fenómeno puede socavar la propia estabilidad del sistema financiero.

En 2020, la exposición de la cartera de personas jurídicas, como empresas, de Febraban fue de 51 por ciento a riesgos climáticos y 44 por ciento a ambientales, basada en la taxonomía verde aplicada a saldos crediticios institucionales. Fue una mejora en comparación con 2012, cuando 62 por ciento representó amenazas al clima y 50 por ciento al ambiente.

Huracanes como Nora, potenciados por la crisis climática y que azotó el Pacífico norte mexicano a finales de agosto, dejan cuantiosas pérdidas económicas, ante lo cual los bancos centrales pueden intervenir para fomentar el financiamiento a actividades sostenibles y que no contribuyan al cambio climático. Foto: Emilio Godoy / IPS

El central Banco de México (Banxico) difundió en mayo de 2020 los resultados de una encuesta en que la banca del país reconoció la importancia del tema y la adopción de algunas medidas. Pero ni Banxico ni la privada Asociación de Bancos de México han divulgado su exposición a riesgos climáticos.

En julio último, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, en inglés), que engloba a autoridades financieras y bancarias de todo el mundo, publicó una hoja de ruta que se enfoca en abordar los riesgos financieros de la crisis climática mediante la divulgación empresarial de esa información, datos, análisis de vulnerabilidad y herramientas regulatorias y de supervisión.

En abril pasado, el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, perteneciente al Banco Internacional de Pagos, una institución con sede en Ginebra y que reúne a los bancos centrales de todo el mundo, publicó dos reportes sobre los causantes de amenazas climáticas y sus conductos hacia el sistema bancario, así como los riesgos financieros y las prácticas bancarias frente a estos últimos.

A ese Comité pertenecen por parte de América Latina solo los bancos centrales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.

En “Riesgos financieros climáticos: una encuesta sobre iniciativas actuales”, realizada en abril de 2020 y a la que solo respondieron Argentina, Brasil y México, la mayoría de los miembros del Comité de Basilea consideró apropiado abordar los riesgos climáticos.

La mayoría de los bancos centrales que respondieron afirmaron que habían realizado investigaciones sobre la medición de esas amenazas pero menos de la mitad había establecido guías al respecto o estaba en proceso de hacerlo, sin calcular su mitigación en los requerimientos de capital bancario.

Ese Comité de Basilea incluye a 45 miembros de 28 jurisdicciones, entre bancos centrales y reguladores del sector. Además, tiene nueve observadores.

Además, el Consejo de Estabilidad Financiera, que aglutina a financistas, aseguradoras, grandes empresas no financieras, firmas contables y consultoras, así como calificadoras de crédito, ya instauró el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Climática.

Ese grupo tiene como fin plantear recomendaciones que promuevan inversión informada, crédito y decisiones de aseguramiento, así como facilitar a los actores a entender mejor la concentración de activos con huella de carbono en el sector financiero y la exposición del sistema a riesgos climáticos.

Y ya emitió recomendaciones sobre gobernanza, estrategias, gestión de riesgo, métricas y objetivos, y graficó cuatro escenarios según una rápida transición energética, el aumento de la temperatura planetaria en dos grados centígrados y una ruta de inacción climática y en los cuales estimó riesgos transicionales y físicos, respectivamente.

El Acuerdo de París se firmó en la capital francesa en diciembre de 2015 como conclusión de la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y su objetivo medular es contener el incremento de la temperatura planetaria en 1,5 grados Celsius.

Esa meta se considera como la mínima indispensable para evitar catástrofes climáticas irreversibles y, en consecuencia, humanas.

Pero para ello, la especie humana debe recortar en 50 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y para esa meta es indispensable el freno a la extracción y quema de combustibles fósiles.


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Con ese contexto, están en marcha al menos cuatro iniciativas globales de estándares voluntarios sobre financiamiento sostenible. La más reciente es la Alianza Bancaria para Emisiones Netas, lanzada en abril y que incluye a 53 bancos de 27 países cuyos activos totales suman 37 billones (millones de millones) de dólares, casi un cuarto del total mundial en manos del sector.

Pero el sistema bancario y financiero prosigue con la entrega de fondos al sector de los combustibles fósiles, especialmente gas, cuyo metano lo convierte en un elemento más contaminante incluso que el dióxido de carbono (CO2).

Para Zugman, la solución es clara: la definición de una clasificación de actividades que excluya a los combustibles fósiles del financiamiento.

“Solo hemos visto algunas promesas y acuerdos, pero a partir de 2022 o después. No hay línea de tiempo, metas claras, transparencia, para que podamos monitorear esto. Hay muchos mecanismos que necesitan mejorar”, aseguró.

“Las industrias no quieren dejar atrás sus actividades. Ejercen mucha presión sobre gobiernos y ejecutivos de bancos. Necesitamos mostrar de una manera más clara qué pasa con los riesgos climáticos, las pérdidas que pueden tener los gobiernos y los bancos centrales si no detenemos la crisis climática”, planteó.

El activista lamentó que los bancos sigan prestando para alimentar la crisis climática e insistió en que ya no deben hacerlo.

Eso sí, recordó que hay entidades multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya incorporan los riesgos climáticos en sus evaluaciones de la estabilidad financiera global y en sus líneas de crédito.

Desde 2022, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a las economías más ricas del planeta, usará una herramienta para monitorear los riesgos financieros climáticos y transicionales hacia una economía de bajo carbono, así como su impacto potencial en el rendimiento financiero, el capital natural y el crecimiento sostenible.

La expectativa es cuándo esas herramientas se traducirán en medidas concretas para detener el financiamiento de actividades contaminantes, mientras prosiguen los estragos causados por la emergencia climática en la región.

Los bancos centrales de los países latinoamericanos deberían sumarse decididamente a estas políticas para impulsar la contención de la crisis climática también desde la actividad financiera, sentenció Zugman.

ED: EG

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