24 junio 2021

El Defensor del Pueblo llama la atención a Universidades por el «colapso» en la tramitación de homologaciones de títulos

El Defensor del Pueblo llama la atención a Universidades por el "colapso" en la tramitación de homologaciones de títulos
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   Exige una reflexión a los órganos competentes por acumular hasta 30.000 expedientes, algunos pendientes de resolver desde hace 5 años

   MADRID, 6 May. –

   El Defensor del Pueblo ha llamado la atención al Ministerio de Universidades por el «elevado número de quejas» recibidas (en concreto, más de 400 en 2020) relativas a la demora en la tramitación de los expedientes de homologación y equivalencia de títulos universitarios, según consta en su Informe Anual 2020, que ha presentado este jueves en las Cortes, y al que ha tenido acceso Europa Press.

   Según el Defensor del Pueblo, las quejas relacionadas con esta cuestión vienen «duplicándose progresivamente cada año» desde 2014, año en que entró en vigor el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, que regula esta materia. Dicha norma dispone que las resoluciones de homologación y de equivalencia de títulos universitarios deberán dictarse en un plazo de 6 meses desde la presentación de la solicitud.

   Según el Defensor, en «todas» las investigaciones iniciadas «se comprobó el incumplimiento, en mayor o menor medida, de los plazos de tramitación de los procedimientos iniciados» al amparo del Real Decreto 967/2014, «llegando a detectar expedientes de homologación de más de cinco años de duración que aún se encontraban pendientes de resolución, y en algunos casos los expedientes permanecieron varios años en la ANECA pendientes de que este órgano emitiera el dictamen preceptivo, para el que cuenta con un plazo máximo de tres meses». Por todo ello, el Defensor del Pueblo califica estas demoras de «inadmisibles».

NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA LA «EXTRAORDINARIA DEMORA»

   La institución, que dirige en funciones Francisco Fernández-Marugán, incluso describe uno de los supuestos examinados. Según recoge en su Informe Anual 2020, dicho caso reflejaba, además de una «inaceptable demora» en la tramitación de un expediente de homologación, la «inacción mantenida» por el órgano responsable de su tramitación durante más de tres años desde que solicitó a la ANECA la reconsideración del dictamen inicial hasta que registró su recepción.

   Según la secuencia de fechas que reflejaba el expediente al que tuvo acceso el Defensor del Pueblo, «durante todo ese periodo de tiempo no se había producido ni una sola actuación de impulso procedimental por parte del órgano de tramitación, pese a estar este sometido al principio de celeridad en su actuación».

   El Defensor critica que «las dificultades generales que son siempre alegadas por el órgano competente para resolver, no alcanzan a justificar en modo alguno la extraordinaria demora ni estas inacciones».

   Por ello, tras valorar «negativamente» estas actuaciones, el Defensor dirigió a la Secretaría General de Universidades un Recordatorio de su deber legal de procurar que en la tramitación de los procedimientos que se regulan por el Real Decreto 967/2014, se dé cumplimiento al principio de celeridad al que se refiere el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, impulsando de oficio todos sus trámites en la tramitación de los procedimientos. Según la institución, este Recordatorio fue «expresamente aceptado».

   El Defensor recuerda las «numerosas actuaciones de carácter general e individual» que ha realizado en los últimos años con respecto al incumplimiento de los plazos en la tramitación de los expedientes de homologación y equivalencia de títulos universitarios, y lamenta que durante el 2020 «haya continuado la situación de colapso», hasta el punto de llegar a acumularse más de 30.000 expedientes.

   Esta situación es «inaceptable», según la institución, que señala «los órganos implicados continúan argumentando que están desprovistos de los suficientes recursos humanos y materiales para hacer frente a una adecuada gestión de sus funciones.

   «El sistemático y ya tristemente consolidado incumplimiento de los plazos legalmente establecidos de resolución de estos procedimientos hace necesaria y urgente una reflexión por parte de los órganos competentes», subraya.

   En este sentido, insta a que se utilicen todos los mecanismos de los que se pueda disponer para alcanzar el número de efectivos que permita reducir los tiempos de tramitación, así como un rediseño completo del procedimiento, que debe incluir necesariamente la mejora de la conectividad y digitalización en los procesos, y también la modificación de las normas que regulan los procedimientos para la homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros de educación superior.

«FALTA DE ATENCIÓN» DE LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES

   El Defensor también comprobó durante el año pasado «cierta falta de atención» por parte de la Secretaría General de Universidades en la elaboración de la información solicitada.

   Así, en algunos de los supuestos en los que se había producido una demora de más de dos años en la tramitación de los expedientes por parte del órgano de tramitación, tras requerir en tres ocasiones al Ministerio la emisión de un informe en el que se recogieran las fechas en las que se produjeron los distintos trámites, «se cometía repetidamente el mismo error por la Secretaría General de Universidades al señalar las fechas en las que se realizaron esos trámites o al mencionar el título al que el interesado había solicitado la homologación».

   En otros casos analizados, se proporcionó la información solicitada sobre el estado concreto de un expediente sin haber sido actualizada previamente y remitiendo, por tanto, «información atrasada o inexacta», obligando al Defensor a realizar «inútiles comunicaciones a los interesados y a concluir las actuaciones para tener que reanudarlas después cuando los afectados acreditan documentalmente que la información facilitada por el Ministerio no era la correcta».

   Precisamente, el ministro de Universidades, Manuel Castells, y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, anunciaron el pasado mes de marzo que el Ministerio está preparando un Real Decreto para agilizar las condiciones y los procedimientos con el objetivo de reducir el plazo medio de dos años de homologación de los títulos a un máximo de 6 meses. Desde Universidades, estiman que en este momento hay 15.000 expedientes pendientes mientras que el Defensor eleva esta cifra a 30.000.

CL23